El Gobierno de Donald Trump quiere presionar a los jueces de inmigración con cuotas anuales para acelerar la tramitación de casos y, eventualmente, aumentar las deportaciones, según asegura The Washington Post.
Los jueces deberán procesar un mínimo de 700 casos al año para obtener una evaluación de rendimiento “satisfactoria”, según las nuevas directrices del Departamento de Justicia a las que ha tenido acceso el rotativo capitalino.
Las nuevas directrices también penalizarán a los magistrados que eleven más del 15 % de ciertos casos a tribunales superiores o a jueves que fijen audiencias demasiado separadas en el tiempo una de otra.
El objetivo de las cuotas es desatascar los más de 600, 000 casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por su sigla en inglés), el sistema judicial de inmigración de Estados Unidos.
