Por Miriam Mata
Un sorprendente estudio afirma que la zona metropolitana del Gran Miami, comprendida por el condado Miami-Dade, es la “peor” urbe, de las 50 más grandes del país, para los inmigrantes sin papeles, luego de que el Gobierno condal, presidido por el alcalde Carlos Giménez, adoptara una medida que permite a la Policía proveer información sobre detenidos a la autoridad de Inmigración.
El analisis , que fue realizado por la asociación New York Immigration Coalition y la compañía tecnológica TransferWise, tuvo en cuenta si las alcaldías locales “colaboran” con el Gobierno nacional para poner en práctica las leyes de inmigración, si tienen alguna polí tica al respecto que podría complicar o limitar las tareas de la autoridad de Inmigración, e incluso si cuentan con un departamento que atienda los asuntos de inmigrantes o algún sistema particular que provea algún tipo de identificación local.
“Obviamente, Miami-Dade no cumple con ninguna de esas expectativas”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates, quien cuestionó el concepto de “ciudad internacional” que caracteriza a la urbe floridana.
“Si más del 60% de la población en Miami es inmigrantes y hablamos de cultura y mercado internacional y decimos que somos la puerta de Las Américas, deberíamos ser un poco más condescendientes con quienes no tienen papeles”, amplió.
El estudio también tuvo en cuenta si las ciudades proveen asistencia social y/o educación pública sin distinguir el estatus inmigratorio, en cuyo apartado Miami-Dade obtuvo buena nota.
Acorde al comunicado de la asociación comunitaria New York Immigration Coalition, “hay factores que inciden en el comportamiento de las ciudades respecto a los inmigrantes sin papeles, como pueden ser las indicaciones del Gobierno nacional.
De hecho, durante la administración de Barack Obama el Gran Miami fue considerado una “ciudad santuario”, aunque oficialmente no lo reconoció.
“Entonces, la Policía no proveía información a Inmigración sobre detenidos”, recordó Martínez.
El 26 de enero de 2017 el alcalde de Miami-Dade, Giménez, instruyó a las cárceles del condado a “cumplir con la solicitud federal” de proveer información sobre detenidos.
La solicitud tuvo lugar un día después de que el presidente Donald Trump condicionara la entrega de ciertos fondos a las ciudades que no colaboraran con la autoridad de Inmigración.
“Debido a las disposiciones de la Orden Ejecutiva” alegó Giménez, “ordeno que cumplan con todas las solicitudes de detención de inmigrantes recibidas del Departamento de Seguridad Nacional”.
La medida del alcalde fue posteriormente aprobada por el cuerpo legislativo de Miami-Dade, la Comisión condal.
“Es notable que esta medida haya sido adoptada por un cuerpo administrativo que dirige las riendas de una ciudad cuya mayoría es inmigrante, incluso la mayoría de ellos también son inmigrantes”, resaltó el abogado. Fuente Diario las Americas
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