Por segunda vez en 20 años, la Ciudad de Miami busca que la corte anule o cambie un acuerdo que fue el resultado de una demanda contra el municipio por parte de un grupo de desamparados (6.000) y la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés), que logró resolverse, en 1998, con el llamado acuerdo Pottinger.
Dicho acuerdo le impide a la Policía de la Ciudad Mágica arrestar a un desamparado que pueda tener conductas propias de su vida en la calle (tipificadas como delitos menores), si no se le garantiza a ese individuo un refugio dentro de los límites del municipio.
De nuevo, como hace cinco años, para el actual alcalde Francis Suárez y para algunos de los comisionados, ese acuerdo es un obstáculo para que a los desamparados se les puedan dar los servicios que se requieren.
Incluso en un comunicado, el administrador de la ciudad, Emilio González, dijo que ya se habían logrado los objetivos trazados por la histórica demanda que ganaron aquellos que viven las calles y que sin las restricciones impuestas por Pottinger, “se le pueden dar mejores servicios a los desamparados, con dignidad y compasión”.
Por esa razón llevaron a la corte del distrito sur de la Florida una moción para que se acabe o reforme este acuerdo.
Sin embargo, el abogado Emilio González, quien dirigió el equipo de abogados de la ACLU que logró el acuerdo, cree “que no se cumplieron las metas con Pottinger”.
Explicó que en los últimos seis meses los indigentes “han visto sus pertenencias decomisadas y destruidas. Creo que la razón por la cual la alcaldía está haciendo eso [pedir el fin del acuerdo] es porque desafortunadamente sigue habiendo indigentes en las calles de Miami, nada se ha hecho hasta el momento para terminar ese problema. En consecuencia, los electores del alcalde y de los comisionados ven a estas personas en las calles y quieren acabar con eso. Por lo tanto están estimulando a la Policía para que las arresten y diría que de manera silenciosa las desaparezcan del municipio”.
Precisamente, la ACLU presentó el pasado 30 de mayo otra moción en la que pide a una corte federal que haga respetar ese acuerdo “en respuesta a una acción reciente de la ciudad de Miami que viola dicho acuerdo”, según lo informó esa organización en un comunicado. Fuente Diario las Americas
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