4 de Junio de 2018
La erupción del Volcán de Fuego, uno de los más activos de Centroamérica, dejó 25 muertos en Guatemala el domingo. Los rescatistas intentaban llegar a los residentes cuyas comunidades quedaron aisladas por los ríos de lava y cubiertas por cenizas. Las autoridades confirmaron 18 nuevos decesos el domingo en la noche tras encontrar los cadáveres en la población de San Miguel Los Lotes, explicó David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). Antes en el día se confirmaron otras siete víctimas mortales en otras zonas. Al menos 20 personas resultaron heridas, y las autoridades temen que el número de fallecidos pueda aumentar dado el número indeterminado de desaparecidos.
Francotiradores y “escuadrones de la muerte”, bandas parapoliciales que circulan en motos y autos sin patentes “al servicio” del oficialista Frente Sandinista, están sembrando el terror en Nicaragua desde que comenzaron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, exigiendo su renuncia y la de su esposa, la vice Rosario Murillo. Un informe elaborado por una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó Nicaragua entre el 17 al 21 de mayo pasado alertó de posibles ejecuciones extrajudiciales con francotiradores en algunas zonas del país, y “graves violaciones de derechos humanos”.
La sangre sigue brotando a borbotones en México durante la etapa previa a los comicios presidenciales del 1° de julio y, en apenas 12 horas, fueron asesinados cuatro candidatos en tres estados. Con estas, suman 105 los políticos muertos en ataques durante el actual proceso electoral iniciado en septiembre pasado, entre ellos 40 precandidatos o candidatos, según recuentos independientes, cuando falta menos de un mes para la votación. La guerra contra el crimen lanzada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, con apoyo de las Fuerzas Armadas, causó hasta ahora un balance atroz de más de 200.000 muertos, unos 33.000 desaparecidos y 335.000 desplazados, según cifras oficiales. Este proceso electoral se da en medio de una ola de violencia que dejó 29.000 muertos en 2017, la cifra más alta en 20 años.
El ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, ha anunciado este lunes que devolverá un año de su sueldo por su responsabilidad en la manipulación de documentos para eliminar su nombre, el del primer ministro, Shinzo Abe, y el de la primera dama, Akie Abe, tras una controvertida compra de terrenos por parte de una guardería en medio de un escándalo de corrupción. Aso ha reconocido que “los funcionarios nunca deben falsificar documentos administrativos o presentar esos documentos falsificados ante el Parlamento” y ha vuelto a pedir disculpas por lo ocurrido. Las declaraciones del ministro, que se ha vuelto a negar a dimitir, han tenido lugar poco después de que el Ministerio de Finanzas desvelara que 20 de sus miembros harán frente a medidas disciplinarias por sus responsabilidad en el escándalo.
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