Con una votación de 7 a 5, la Comisión del Condado Miami-Dade fracasó este martes en su intento de levantar el veto del alcalde Carlos Giménez a una ordenanza que buscaba que los negocios que ocupan propiedades del Condado, mediante alquiler, les paguen a sus empleados la misma tarifa por hora que deben pagar los contratistas y el Condado a sus trabajadores.
El pasado 15 de mayo la Comisión había aprobado una ordenanza que le hacía una enmienda a la cláusula del salario mínimo en el condado, con el fin de ampliar esa norma a los empresarios que arrendaban terrenos del condado para desarrollar sus negocios.
En los considerandos de esa propuesta, patrocinada por los comisionados Barbara Jordan y Jean Monestime, se referían a que muy a menudo el condado alquilaba sus propiedades a negocios prósperos que les pagaban a sus trabajadores el salario mínimo establecido por el estado (8.25 la hora), que es inferior al del condado Miami-Dade.
De acuerdo con una directiva del Condado, relacionada con la norma del salario mínimo, los contratistas que trabajen para el gobierno de Miami-Dade ganan $13.20 por hora con beneficios de salud de $1.91 por hora. Si no tiene dichos beneficios es de $15.11 la hora. Para los contratistas que tengan negocios en instalaciones pertenecientes al Departamento de Aviación, estas cifras cambian: $12.99 con beneficios de salud de $3.16 la hora, o $16.15 sin dichos beneficios.
Y esa retribución económica ($8.25 la hora) no es suficiente, según las justificaciones que sustentan la ordenanza, para sufragar los gastos mínimos en un condado en el que comprar o arrendar una vivienda se lleva un alto porcentaje del salario.
Por lo tanto, los proponentes de esta ordenanza –aprobada en primer debate el pasado 15 de mayo– buscaban añadirle a la norma del salario mínimo (living wage ordinance) un numeral para que los empleados que trabajan por horas en locales propiedad del condado, en los que se venden bienes y servicios, pudieran ganar el salario mínimo establecido para los empleados del condado.
Y para eso se establecía que esos empleados debían por lo menos trabajar más de la mitad de su tiempo en esos negocios. Esa enmienda tenía algunas excepciones como las aerolíneas y cruceros de pasajeros y de carga; cualquier negocio relacionado con un contratista del Condado; cualquier arquitecto o ingeniero anexo a un proyecto arquitectónico condal; un alquiler a cualquier contratista de construcción relacionado con construcciones del condado, y cualquier arrendamiento de propiedades del condado a entidades estatales o federales.
Rechazo
El alcalde vetó esta ordenanza con el argumento de que podría tener un efecto fiscal negativo sobre varios proyectos del Condado y sobre las posibilidades de empleo relacionadas con los mismos.
En su veto Gimenez citó varias iniciativas que podrían verse perjudicados por la ordenanza inicialmente aprobada. Entre ellos varias tiendas que se abrirían en el Aeropuerto Internacional de Miami y algunos proyectos de infraestructura que también se podrían afectar.
En sus conclusiones, el edil condal afirmó que con esa propuesta se podría poner en peligro los ingresos del condado y éste perdería competitividad en comparación con sus vecinos Broward y Palm Beach. Y “finalmente el incremento en los costos se pasarían a los residentes”.
Este martes, la mayoría de los comisionados decidió darle la razón a Giménez y mantener su veto impuesto a tal ordenanza.
De acuerdo con una de las comisionadas que voto en contra del veto, Daniella Levine Cava, “los trabajadores que laboran en propiedades sostenidas por los contribuyentes no pueden estar sujetos a salarios de pobreza”.
Para justificar su posición a favor del veto, el presidente de la Comisión, Esteban Bovo, indicó que “la mayoría de esos empleos son de bajo nivel, y no estan destinados a conviertirse en una carrera para nadie. En muchos casos, los dueños de grandes negocios [en propiedades del Condado] empezaron trabajando en esos mismos empleos de baja preparaci’on profesional”.
El comisionado José “Pepe” Díaz condicionó su voto en contra del veto a que la enmienda a la norma del salario mínimo se restringiera sólo a los negocios del Aeropuerto Internacional de Miami. Pero esa idea no fue acogida. Fuente Diario las Americas
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