Un juez federal argentino ordenó el lunes el procesamiento y la prisión preventiva de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández por supuestamente encabezar una trama corrupta que recibía sobornos de empresarios a cambio de la adjudicación de obras públicas.
Claudio Bonadío imputó a Fernández los delitos de “asociación ilícita en calidad de jefa, admisión de dádivas en 22 hechos… y cohecho pasivo en cinco hechos” entre 2003 y 2015, periodo que incluye sus dos mandatos y el de su marido y antecesor Néstor Kirchner. A su vez le impuso un embargo de 4.000 millones de pesos (equivalentes a casi 100 millones de dólares).
Fernández, de 65 años, no puede ser detenida porque está protegida por fueros parlamentarios. En caso de que la justicia solicite su desafuero sólo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo poco probable ya que el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.
( AP )
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