Presos de conciencia bajo el gobierno de Díaz-Canel

En 2016, en una infrecuente conferencia de prensa con Barack Obama, presidente de Estados Unidos, el presidente cubano Raúl Castro seguía negando tajantemente que hubiera “presos políticos” en Cuba, según publica Radio TV Martí.

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Sin embargo, en los últimos cuatro años, Amnistía Internacional ha adoptado 12 presos y presas de conciencia en Cuba, y probablemente hay muchos más. Amnistía Internacional pide la libertad inmediata e incondicional de todos los presos y presas de conciencia, ya que han sido privados de su libertad sólo por ejercer pacíficamente sus derechos humanos.Poco más de un año después de la toma de posesión del presidente Miguel Díaz-Canel, la ONG cubana Cuban Prisoners Defenders afirma que hay al menos 71 personas encarceladas en virtud de cargos de motivación política.

Habiendo estudiado sólo unos cuantos de esos casos, en los que se pudieron analizar las sentencias judiciales oficiales y otra documentación disponible, Amnistía Internacional considera que las personas que figuran en la siguiente lista son presos de conciencia, es decir, personas encarceladas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. 

Sin poder acceder al país, y dado el estrecho control que las autoridades cubanas continúan ejerciendo sobre la abogacía y la judicatura, Amnistía Internacional se encuentra con graves obstáculos para documentar los casos de las personas encarceladas únicamente por motivos políticos, y por tanto es muy probable que haya muchos más casos de presos y presas de conciencia de los que nuestra organización ha podido documentar.

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Según la información de que dispone Amnistía Internacional, todos los presos políticos de la lista son miembros de grupos políticos de oposición no reconocidos por las autoridades. Todos han sido encarcelados por delitos no reconocibles internacionalmente que han sido utilizados durante décadas en Cuba para silenciar las voces críticas.Amnistía Internacional pide que se modifiquen las leyes penales de Cuba para retirar disposiciones que no se ajustan al derecho internacional, como las que desarrollan las figuras de “peligrosidad” y “desacato”.

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