Canciller cubano ‘no sabe’ por qué se les prohíbe a algunas personas entrar o salir de la isla

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, reaccionó sorprendido el martes ante una pregunta durante una entrevista con la agencia de prensa Associated Press sobre por qué los médicos cubanos que escapan de las misiones en el extranjero no pueden regresar a la isla durante ocho años, ni se les permite a activistas y disidentes salir del país, según publica el Nuevo Heral.

“No lo sé”, dijo el ministro de relaciones exteriores con sorpresa. “Habría que conocer caso por caso”, agregó. “Las regulaciones migratorias cubanas son muy similares a las de cualquier país y cualquier política migratoria moderna, que establecen toda una serie de figuras en la ley que restringen la salida del país a personas que conocen información clasificada, es decir, cargos anteriores en el gobierno, etcétera, a personas que están sometidas a procesos judiciales”, dijo Rodríguez.

“Hay toda una serie de figuras que están reguladas en la ley”, agregó el canciller. Sin embargo, la mayoría de los opositores, activistas y líderes religiosos impedidos de viajar al exterior no tienen ningún proceso legal pendiente, no se les ha confiado secretos de Estado ni han participado en el gobierno.

En Cuba denuncian redada que deja a activistas y líderes opositores encarcelados, @Donalbertoss1

Instituciones pro derechos humanos afirman que hay en Cuba más de 160 opositores o disidentes con prohibición de salida del país. En el caso de la diáspora que tiene prohibido regresar —incluso de visita— el número se cuenta por miles y se maneja con total discreción por parte de las autoridades cubanas.

El caso que más relevancia ha tenido en los medios de comunicación es el de los médicos “internacionalistas” y otros “cooperantes” cubanos en el exterior, quienes trabajan en misiones del gobierno cubano en otros países. En caso de que decidan abandonar las misiones de Cuba en el extranjero, son castigados por ocho años sin que puedan regresar a la isla a visitar a sus seres queridos.

El canciller Rodríguez intentó evadir la pregunta del corresponsal de AP que cuestionaba esta práctica represiva. “No estoy seguro (de) que tenga razón”, dijo. “Primero, habría que decir que empieza una campaña mendaz, calumniosa, contra la cooperación médica cubana que beneficia a más de 70 países en este momento. Hay acusaciones verdaderamente ridículas de esclavitud moderna, de trata de personas”, agregó.

Cuba recibe más de $6,000 millones anuales por exportación de servicios, una cifra que es muy superior a los casi $3,000 millones que recibe por el turismo, la rama más dinámica de la menguada economía de la isla. El Estado cubano cobra por estos servicios y se queda con el 75 por ciento de lo que pagan países y organizaciones internacionales, mientras que solo un pequeño porciento va a los bolsillos de los trabajadores.

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Esta práctica ha sido denunciada por grupos defensores de derechos humanos como “trata de personas” y “esclavitud de batas blancas”. Recientementeun reportaje del Herald reveló que los profesionales cubanos eran obligados a inflar estadísticas de consultas de pacientes, destruir medicamentos y favorecer a los aliados políticos de La Habana.

El ministro Rodríguez cuestionó la política migratoria de Estados Unidos, especialmente el Cuban Medical Professional Parole, un programa de refugio para médicos que escapan de las misiones que el ex presidente Barack Obama derogó pero que varios senadores han pedido reinstaurar. Según Rodríguez, este programa tiene como objetivo “entorpecer la cooperación médica internacional” de la isla.

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Esta semana Estados Unidos negó la visa al ministro cubano de salud José Ángel Portal y a toda su delegación que tenían el propósito de participar en Washington en una reunión de la Organización Panamericana de la Salud. Esa organización fungió como intermediaria para que la Habana recibiera más de $300 millones anuales del gobierno izquierdista de Dilma Rousseff por el trabajo de más de 11,000 médicos y hoy enfrenta una demanda por ser cómplice de un esquema de trabajo forzado.

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