Dos abogados le pidieron formalmente a la Asamblea Nacional de Cuba la completa revocación del Decreto 389, que legaliza la vigilancia electrónica de los ciudadanos cubanos con técnicas de investigación encubierta, según publica Radio TV Martí.
Edilio Hernández Herrera y Julio Ferrer Tamayo son los abogados independientes que entregaron personalmente la solicitud el jueves en las oficinas localizadas al fondo del Capitolio Nacional, donde reciben los documentos dirigidos a la Asamblea Nacional.
“Tienen ahí una queja de personas con conocimientos jurídicos para recordarles que eso es una violación de la Constitución y la Ley de Procedimiento Penal porque, en definitiva, los tribunales y los jueces son los únicos [que pueden] emitir una orden de registro para una penetración ilegal, sea en comunicaciones, en un domicilio”, le dijo Hernández Herrera el viernes a la periodista de Radio Televisión Martí Ivette Pacheco.
Lo grave es que la Fiscalía está haciendo ahí de juez y parte, explica el jurista, porque promueve las pruebas, las busca, las verifica y emprende esa acción operativa sin la presencia de un abogado que verifique si lo que se va a escuchar es lo valido para la investigación.
