Un grupo de presión formado por diputados opositores para limpiar la imagen de uno de los empresarios vinculados a la trama de corrupción de los CLAP, el programa de alimentos subsidiados de Nicolás Maduro, ha hecho tambalear el tablero político del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, según publica el País.
El escándalo fue revelado detalladamente esta semana por el portal venezolano de periodismo de investigación Armando.Info.
Los señalamientos salpican a los parlamentarios Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez Linares, del parido Primero Justicia; Adolfo Superlano (expulsado hace unas semanas de Cambiemos); Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular (VP); Chaim Bucaram, William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo (UNT); y Héctor Varga de Avanzada Progresista, la mayoría de ellos miembros de la Comisión de Contraloría del Parlamento.
El grupo, según esta investigación, hizo gestiones informales en la Fiscalía de Colombia, en Washington y en Bruselas, en defensa del colombiano Carlos Lizcano, propietario de Salva Foods.
Esta es la empresa que maneja las Tiendas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que absorbieron la extinta red estatal de supermercados Bicentenario.
Lizcano trabaja para los también colombianos Álvaro Pulido y Alex Saab, sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser supuestos testaferros de Maduro en negocios ilegales.
