La injerencia cubana en Venezuela ha recrudecido en los dos últimos años los métodos de tortura que emplea el régimen de Nicolás Maduro en la represión sistemática de la disidencia, incorporando «innovaciones» que aumentan el sufrimiento de las víctimas, de acuerdo con el último informe anual del Instituto Casla, que han presentado este viernes en Madrid la directora de esta organización, Tamara Suju, y la exeurodiputada Beatriz Becerra, según publica ABC.es
La perforación de uñas en manos y pies para pasar los cables de las descargas eléctricas, el uso sistemático de bolsas plásticas para asfixiar a los torturados, el colgamiento con grúas sin tocar el suelo durante los interrogatorios, las lesiones en los genitales al ejercer violencia sexual o la intoxicación con sustancias psicotrópicas desconocidas son algunos de los ejemplos del ensañamiento que ha introducido la presencia de los llamados «isleños» en la cúpula del aparato represor, de acuerdo con el documento de la citada organización, con sede en Praga, que promueve la democracia y el estado de derecho.
Según Tamara Suju, «el régimen se ha vuelto más sanguinario y usa la tortura como castigo ejemplarizante».
Desde 2017, asegura, se están registrando «las torturas más terribles, porque la intención ahora es llevarlas al punto de pedir a sus familias que no denuncien, que no digan nada, porque cualquier cosa que dicen significa quitarles las visitas y los abogados durante meses».
Partiendo del «caos general» en que está sumida Venezuela, «donde la crisis humanitaria se cruza con la represión sistemática», el estudio del Instituto Casla se centra en el empleo de la tortura, en especial desde la División General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que dirige Iván Hernández Dala, y en cómo el régimen cubano y su estructura represiva han influido para que «los patrones de las torturas se incrementen, cambien o sean innovadores».
A lo largo de 2019, año en el que se produjeron acontecimientos como la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero o el fallido intento de sublevación de abril, el Instituto Casla recibió nuevos testimonios referidos a 83 víctimas directas de presuntas violaciones de derechos humanas y crímenes de lesa humanidad.
«El 100% de las víctimas fueron torturadas en centros de detención o en zonas militares, con la particularidad de que 13 de ellas fueron trasladadas, además, a centros clandestinos de torturas donde podían realizarlas sin que sus gritos pudieran ser escuchados por otros testigos».
«El recrudecimiento del crimen de la tortura y los terribles métodos aplicados en el 2019 fueron dirigidos en su mayoría por la Dgcim, involucrados también en hechos de represión que conllevaron a asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y desplazamiento forzado de personas, junto a la Guardia Nacional, el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), las FAES (Fuerza de Acciones Especiales), la PNB (Policía Nacional Bolivariana) y los colectivos (bandas de paramilitares armados por el régimen)».
