Más de medio centenar de medios de comunicación independientes y organizaciones internacionales de derechos humanos apoyaron la petición para declarar inconstitucional el Decreto Ley 370 de 2019, presentada el pasado 8 de junio ante la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y a Miguel Díaz-Canel por varios activistas, publica Diario de Cuba.
Las 64 personas que suscribieron esa solicitud lo hicieron en representación de más de 500 residentes en Cuba y de 3.100 de origen cubano y de otras 83 naciones, quienes firmaron la “Declaración contra el Decreto Ley 370: Ley Azote”, publicada en la plataforma Avaaz.
El comunicado lanzado este lunes y firmado por Cubalex, Civil Rigths Defenders, CADAL, Pen Internacional, Transparencia Electoral, entre otras organizaciones, apunta que el Decreto Ley 370 fue descrito por las autoridades “como un medio efectivo para la consolidación de la ciberseguridad, la soberanía tecnológica, la seguridad y la defensa nacional”.
“Sin embargo, supedita el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a las necesidades estatales e impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales implicados en su uso, como la participación política, la libertad de expresión, la privacidad y el derecho de asociación”, condena el texto.
El 370, señalan los firmantes de la declaración, “sanciona la difusión de información en redes sociales contrarias al ‘interés social’, ‘la moral’ y ‘las buenas costumbres’, categorías que no definen la conducta ilícita e inhiben el debate en el ámbito público y político”.
También “autoriza el castigo y persecución de investigadores en seguridad informática que publican y alertan sobre la existencia de vulnerabilidades en sistemas informáticos” y “otorga facultades discrecionales al Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM) para el otorgamiento de licencias sobre programas y aplicaciones informáticas”.
“Impide la fabricación, instalación, comercialización de dispositivos asociados a las TIC, sin autorización, afectando el desarrollo de redes comunitarias que garantizan el acceso a internet y reducen la brecha digital”, así como “el hospedaje de sitios web ubicados en servidores extranjeros que no sean réplicas de los servidores nacionales, declarando ilegales los blogs personales y medios independientes a los que se les niega acceso al dominio ‘.cu’; permitiendo al Gobierno controlar y acceder a la información personal de los usuarios”, denuncian.
