Perú recibe críticas por apoyar ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Organizaciones de América Latina y el Caribe condenaron el apoyo del gobierno de Perú a la candidatura de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y llamaron a los países democráticos a elegir miembros que cumplan con los patrones internacionales de derechos humanos, publica Radio TV Martí.

“América Latina y el Caribe tienen una triste tradición en regímenes que han vulnerado derechos humanos y derechos fundamentales. Cuba que por más de 60 años atropella y persigue a sus ciudadanos, ha sido elegido en cuatro oportunidades como integrante, irónicamente, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instancia que hoy quiere integrar por quinta vez”, dijo a Radio Martí, Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, una de las 14 organizaciones firmantes de un comunicado publicado este martes.

“Frente a ese escenario, estamos exhortando a los Estados defensores de la democracia, de la libertad y de quienes respetan los derechos humanos, a que puedan coordinar acciones tendientes a poder levantar una candidatura de consenso que cumpla con estándares internacionales en esta materia. Por lo mismo es que hacemos un llamado a no plegarse a la candidatura anunciada de Cuba como una señal de una región que tiene un compromiso irrestricto en la defensa y promoción de los derechos fundamentales”, apuntó Vargas.

Las entidades agrupadas en la convocatoria son Alas Tensas, Árbol Invertido, Cubalex, Cultura Democrática, DemoAmlat, Demóngeles, Freedom House, Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), Instituto Peruano para la Libertad (IPL), Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Plataforma pro Derechos Humanos en Cuba, Prisoners Defenders, Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (REDLAD) y Transparencia Electoral.

En la nota de prensa las entidades recuerdan que la Resolución para elegir a los miembros del Consejo de Derechos Humanos establece que se deberá tener en cuenta la contribución de los aspirantes “a la promoción y protección de los derechos humanos y las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto”.

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