Más allá de la querella contra Danay Suárez

Un artículo de opinión de Mauricio Mendoza en Puente a la Vista


En los últimos tiempos el caso de la rapera Danay Suárez, por el post compartido en sus redes que desde un discurso religioso —en este caso cristiano— establecía similitudes entre la comunidad LGBTIQ+ y la pedofilia, con sobradas razones ha traído disímiles polémicas. Ya la más reciente está encausada por la querella presentada por el abogado Lázaro Arencibia, del Bufete Colectivo de Santo Suárez, en La Habana, a nombre del doctor Alberto Roque Guerra, quien solicita una sanción de multa para la artista.

El discurso compartido por Danay sin lugar a dudas es cuestionable por obviedades que imagino no tener que explicar en este texto. Llevándolo al plano de lo legal, es totalmente lógico y justo que existan mecanismos para que las víctimas ante un hecho de este tipo puedan denunciar si sus derechos y libertades han sido violentados. Si Cuba fuese un país donde los mecanismos judiciales funcionasen a cabalidad, la propuesta de llevar a la artista ante jueces no tuviese objeción alguna, y si los demandantes gozaran de razón o no ya eso lo determinarían las personas calificadas para ello.

El caso es que en Cuba los mecanismos legales no funcionan de forma que todo ciudadano pueda exigir ante juzgado el respeto de sus derechos y libertades. Ante esto es que se crea una indignación, vista claramente en redes sociales por parte de artistas, activistas y demás personas que incluso estuvieron opuestos al post de la artista en su momento, pero en este instante, se ve cierto extremismo y oportunismo por parte del demandante y las instituciones que lo están apoyando. Sin tener en cuenta que, días después de la publicación, la rapera en sus redes intentó hacer unas disculpas públicas para aclarar aspectos del post y de ella, tratando de arreglar de cierta forma lo que había generado.

Ahora, apartándome un poco del caso de Danay, pero sin alejarme del tema fundamental, que es lo relacionado con la homofobia y la discriminación. Recientemente fueron filtrados unos audios donde Yusimí González, directora del Departamento de Comunicaciones del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), quizás con otro enfoque pero de igual manera, se refería de forma discriminatoria a la presencia de voces “platinadas” en los medios de comunicación cubano, evidenciándose así la cara prejuiciosa de los medios estatales.

En el caso de Yusimy —que es el más reciente desde la postura institucional, pero no el único a lo largo de la historia—, por ser ella una funcionaria estatal, el Estado o la institución a la que pertenece es quien tiene la obligación de llevarla a un procedimiento y destituirla, pues esta persona tiene funciones públicas en el organismo encargado de comunicar e informar a la población.

La televisión, radio y demás medios son accesibles a la mayor población del país sin distinción de edad, y que se manejen estas políticas por parte de los cuadros que la dirigen es bastante preocupante. Pero el caso de Yusimy no trascendió más que a unas disculpas públicas y una aclaración de los acontecimientos moderadas por el periodista oficialista Paquito de Cuba que ni siquiera llegaron a toda la población.

Ante estos dos casos expuestos surge una pregunta: ¿Por qué a Danay se le aplica el peso de la ley y toda la atención por parte de los demandantes y con Yusimí no se adopta casi o ninguna medida?

 

Alberto Roque Guerra, el demandante, es un médico intensivista del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, y activista defensor de los derechos por la diversidad sexual. En esta persona, integrada a los medios estatales, lo primero que se evidencia es que tiene acceso a mecanismos que la mayoría de los cubanos no tienen. Son muchos los testimonios de personas que han intentado recurrir a medios legales por los mismos casos, o parecidos, que se acusa a Danay y, sin embargo, no han tenido respuesta. Por ejemplo, Tania Bruguera, ante las disímiles difamaciones que ha hecho el Estado cubano hacia su persona, o Michel Matos ante el robo del Festival Rotilla que había creado. Sumados a estos ejemplos hay más ciudadanos que no han podido acceder a la ley ante injurias irrefutables. Por lo que es evidente que por parte de los organismos estatales hay selectividad con respecto a las acusaciones que proceden y las que no.

Según Roque Guerra, la causa de esta querella es lo ofensivo del post de Suárez pero… ¿acaso no es ofensivo también e incluso más preocupante lo planteado por Yusimy González, una funcionaria pública? Esta interrogante deja paso a entender que más allá de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, el demandante Roque está emprendiendo una acción legal contra la artista. La razón no la sé. Pero obviamente no lo hace por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, pues si fuera el caso la querella fuese tanto para Danay como para Yusimy.

O lo que puede ser visto también como un acto cobarde del demandante que sabe que emprender una acción de este tipo contra una artista, por demás exponente de un género que ha sido bastante crítico con el sistema, es más fácil que emprenderla contra una funcionaria pública. Pues arremeter contra Yusimy equivale a arremeter contra el ICRT. Ya ahí la cosa se complica más y posiblemente hasta ese día Roque sea médico y activista dentro de Cuba sin que la Seguridad del Estado acose su paz y tranquilidad.

Hay otros aspectos a tener en cuenta, entre ellos que el discurso de Danay viene amparado por los preceptos del cristianismo. Aquí una vez más nos remontamos un poco al pasado y a los debates previos a la implantación de la constitución en 2018. Respecto al matrimonio igualitario, la Iglesia Católica de Cuba hizo una campaña bastante homófoba con el eslogan ‘Yo estoy a favor del diseño original’, y el Estado cedió a esta sin que nadie de los mencionados presentara querella ni batalla campal. Entonces es una hipocresía tanto por parte de Roque como por parte de las instituciones, con todos los precedentes que acarrea, que en estos momentos de pandemia, por demás, lleven a cabo el proceso contra la rapera, cuando Cuba desde 1959 a la fecha tiene un historial de homofobia espeluznante.

En medio de todos estos debates en redes sociales, también se ha visto una ola  de violencia preocupante por parte de activistas LGBTIQ+ que no precisamente están ligados al oficialismo. Pondré el ejemplo de Roberto Ramos Mori, uno de los organizadores del espacio La Marca, un estudio de tatuajes con espacio localizado en el casco histórico de La Habana, que además organiza otros eventos culturales de cierta forma alternativos.

En sus redes Robertico, como todo el mundo lo conoce, utiliza todo tipo de improperios para referirse a la artista y demás personas que rebatan sus tesis, catalogándola de estúpida y utilizando un lenguaje vulgar. Es como si tuviera la verdad incuestionable en las manos. Pero cuando se le pregunta por el caso de Yusimí, evita la conversación o se justifica. Su caso es bastante criticable aunque entendible, pues Robertico, en este caso, sabe que si pasa ciertos límites una de las cosas que estará en peligro será La Marca, una de sus entradas económicas.

Aun así, quien pide igualdad y respeto no debe hacerlo transmitiendo odios y ataques, eso no lleva al cambio. Como me decía alguien, la solución para la democracia no está en Ojo por Ojo y Diente por Diente, sino en ser diferente al que en algún momento nos atacó.

Acatando lo antes mencionado, sale a relucir otro detalle. Este con respecto al Decreto Ley 370. Lo primero que digo es que este decreto es totalmente injusto y abusivo, pero, si se pusiese en práctica de forma imparcial, las personas que de igual forma han arremetido contra Danay ofendiéndola y diciéndole todo tipo de cosas deberían ser sancionadas, pues están atacando la moral y los principios de esta mujer. En cambio, no pasa nada, y una vez más tenemos la triste evidencia de que las leyes en la isla son implantadas a favor de la clase que las redacta y con fines específicos. Dejando a un lado el “con todos y para el bien de todos”.

Llevar a cabo esta querella, aunque Danay no reciba sanción, es un tema que preocupa a varios artistas, activistas y periodistas independientes dentro del país. Pues este hecho puede marcar un mal precedente para que otras personas sean sancionadas o penadas por emitir cualquier tipo de opinión y ejercer el derecho de libertad de expresión. Creándose así otra brecha para la censura y la represión. Es triste lo que aquí planteo, pero hasta que en Cuba no existan los mecanismos legales para que cualquier ciudadano pueda exigir sus derechos por violaciones, ya sea ante organismos gubernamentales u otros, llevar a juicio a una persona, mientras el Estado es quien primero viola los derechos, carecerá de justicia y sentido.

El tema de la homofobia en Cuba viene de cuando Fidel Castro, en sus discursos, atacaba a los jóvenes de pelo largo y tendencias “elvisprelianas”. Así que hasta Yusimy, que bien debe asumir las consecuencias de sus palabras, no debería ser atacada o tratada con violencia, pues ella constituye tan solo un resultado de esa discriminación estructural implantada por el gobierno. Primero hay que exigir al Estado que cumpla las normas para después exigirnos como ciudadanos.

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Fotos tomadas de la página Web de la artista Danay Suárez.

 

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