La Unión Liberal Cubana (ULC) emite comunicado sobre Informe del Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela

Radio Viva 24 replica de forma íntegra el Comunicado emitido por la Unión Liberal Cubana (ULC) sobre el contenido del Informe de la Misión del Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela.


De acuerdo con el contenido del informe de la Misión del Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela la ULC quiere expresar su condena más enérgica:

  1. Al aumento del aparato estatal venezolano sobre la oposición y amplios sectores de la población, personas críticas del gobierno con un alto perfil público o activistas sociales y dirigentes políticos, que adoptaron posturas críticas contra el Gobierno durante las crisis políticas de 2017 y 2019, y sin respaldo parlamentario[1].
  2. Al incremento de la represión, en forma de detenciones políticas y selectivas, por parte de las agencias de inteligencia del estado hacia personas que desafiaban las narrativas oficiales, incluyendo funcionarios/as públicos, jueces/juezas, fiscales, abogados/as, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y blogueros y usuarios de redes sociales, así como a dirigentes de los partidos de la oposición, alcaldes y parlamentarios de la oposición, activistas de derechos humanos, dirigentes estudiantiles y personas que se consideraban en la primera línea de las manifestaciones.
  3. A la actitud del Tribunal Supremo, acusando a los parlamentarios de estar en un “estado permanente” de cometer delitos en flagrancia de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, desacato al tribunal y crímenes de odio.
  4. A la actitud del Tribunal Supremo, acusando a los parlamentarios de estar en un “estado permanente” de cometer delitos en flagrancia de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, desacato al tribunal y crímenes de odio.
  5. A la acción coordinada de los órganos de inteligencia, SEBIN y DGCIM, con un número creciente de casos de víctimas de desapariciones forzadas y de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, a manos de las agencias de inteligencia del estado, que actuaron bajo órdenes emitidas por el presidente Maduro y Diosdado Cabello, sin respaldo judicial ni delito en curso, llegando a administrardrogas psicotrópicas para inducir una confesión como en el caso del diputado de la Asamblea Nacional Juan Requesens. O el fallecimiento de Fernando Albán, mientras estaba bajo custodia del SEBIN al que no se pudo realizar una autopsia independiente ni enterrar su cadáver. La Misión incluso tiene motivos razonables para creer que en varios casos el SEBIN fabricó evidencias, entre otras cosas, colocando pruebas falsas a las víctimas, especialmente armas de fuego, y/o distorsionando los resultados de los allanamientos de casas o automóviles.
  6. A la DGCIM  por sus facultades de conducir, coordinar y ejecutar actividades tendentes al descubrimiento, prevención y corte de la actividad enemiga incluyendo la tarea de prevenir las actividades subversivas contra las FANB y proteger al Presidente de la República. La DGCIM detuvo y torturó a oficiales militares actuales y ex militares y a civiles asociados a ellos. De ellos, ocho se detallan como estudios de casos en el informe de sesión, 187 siguen detenidos (dos han cumplido plenamente sus condenas), 61 cuentan con medidas sustitutivas y 41 han sido puestos en libertad (la situación del resto varía).
  7. A los actos de tortura y malos tratos, como fuertes golpizas; asfixia con sustancias tóxicas y agua; posiciones de estrés; reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras; violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación; cortes y mutilaciones; descargas eléctricas; uso de drogas para inducir a la confesión; y tortura psicológica que provocaron lesiones físicas graves y/o permanentes, como el ex-capitán Rafael Acosta Arévalo que murió bajo la custodia de la DGCIM sin asistencia médica.
  8. Al rol de algunos fiscales y jueces/juezas en casos que constituían detenciones arbitrarias, siendo difícil determinar si los actores del sistema de justicia participaron voluntariamente en la detención arbitraria o si lo hicieron bajo presión. En diversas etapas del procedimiento, el Estado no proporcionó pruebas sólidas para sustentar la participación de las personas acusadas en la comisión de actos punibles con acusaciones falsas contra los acusados o basadas en pruebas manipuladas. Las confesiones se extraían sin la presencia de un abogado/a y/o bajo coacción.
  9. Al incumplimiento de los plazos procesales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, que dieron lugar a períodos prolongados de prisión preventiva, de más de dos años en muchos casos. Los tribunales no respondieron a las solicitudes de hábeas corpus u otros recursos judiciales presentados por las personas detenidas, o sus abogados/as, que cuestionaban esos retrasos.
  10. A las violaciones recurrentes de las garantías procesales bajo los estándares nacionales e internacionales. Los detenidos políticos y militares también se enfrentaban a interferencias en el derecho a una defensa adecuada y a un abogado de su elección.En otras ocasiones, no se les informaban las fechas de las audiencias. La Misión constató que en muchos casos se eludían los procesos de distribución de casos a fin de garantizar que los mismos se asignaran a fiscales y jueces/juezas específicas.
  11. Por último, la ULC considera especialmente grave el apoyo continuo y sólido del gobierno cubano al régimen de Venezuela, condenado por la agresión a los derechos humanos. En particular, el hecho de que sea a partir de 2014 cuando se intensifique la acción represora en Venezuela, no deja de ser importante, si se tiene en cuenta el clima abierto de relación de Cuba con Estados Unidos durante la presidencia de Obama, ese mismo año.

[1]La Misión investigó 110 casos relacionados con estas violaciones, identificando patrones comunes. De ellos, 21 están incluidos en estudios de casos detallados en el informe de sesión.

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