El Decreto Número 14 de 2020 vulnera el Estado de Derecho en Cuba

Por: Lic Julio Alfredo Ferrer Tamayo


  • La asencia de un Tribunal Constitucional o de Garantías Constitucionales en Cuba permiten el Estado de Impunidad  de que gozan las autoridades y funcionarios estatales.
  • ¿De qué modo  los tribunales de justicia condenarán a los que no abonen multas en el término de los treinta días por el delito de “Incumpliento de las Obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones”, si este delito precisa que se haya agotado la vía de apremio?

 

He señalado de manera reiterada que la no existencia de un Tribunal Constitucional o de Garantías Constitucionales en Cuba, constituye una nefasta ausencia en el contexto jurídico del país.

Entendiendo que la nueva Constitución es la norma con mayor rango dentro dentro de Cuba, es decir,  la base sobre la que todas las demás normas, leyes, reglamentos, ordenanzas u otros se sostienen, admitimos que ningún acto de una autoridad, de acción legal e incluso, ninguna costumbre, puede contradecir aquello que dicta la Constitución.

Así pues, la asencia de un Tribunal Constitucional o de Garantías Constitucionales en Cuba permiten el Estado de Impunidad  de que gozan las autoridades y funcionarios estatales.

En términos sencillos, el Tribunal Constitucional  sería el máximo intérprete de la Constitución Cubana. Cualquier decisión que se tome sobre materia constitucional debería, pues, ser acatada por todas las instituciones del país, incluyendo a los distintos tribunales del Poder Judicial y a los demás órganos que componen el Estado Cubano.

 

Contravienen las regulaciones asociadas a la prevención y enfrentamiento a la Covid 19 y se impondrán las multas, entre otros: quién no use o use incorrectamente el nasobuco (mascarilla) en las vías públicas, ómnibus, autos e interiores de los centros laborales y de servicios: 2000 pesos.

 

El Decreto No. 14 De las Infracciones contra la Higiene Comunal y las medidas sanitarias para la etapa de enfrentamiento a la Covid-19 en la provincia de La Habana”, dictado por el Consejo de Ministros el 28 de agosto de 2020, es la materialización de ese Estado de Impunidad y de la Indisciplina Legislativa que continúa caracterizando el actuar de los órganos de Estado y gobierno, las autoridades y funcionarios estatales.

Para constar tal aseveración, basta con analizar el mencionado Decreto No. 14, a través de  la lupa de otras disposiciones normativas de superior jerarquía, que a mi modesto modo de ver han sido pasadas por alto por el Consejo de Ministros al momento de pronunciar dicho Decreto, análisis que iniciaré por la de mayor jerarquía: la Constitución de la República, vigente desde el 10 de abril de 2019; artículo 9 :

“Los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, además, velan por su respeto en la vida de toda la sociedad y actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias.”

La vulneración por el Decreto N. 14 de tal mandato constitucional, es fácilmente apreciable  en su  artículo 9. 3, cito: ” Transcurrido los treinta (30) días naturales posteriores a la duplicación de la multa, de no realizarse el pago, no procede la aplicación de la vía de apremio administrativa y la autoridad facultada formula la correspondiente denuncia para dar inicio al proceso penal”, fin de la cita.

Precepto este que quebranta de manera inobjetable la aplicación de la vía de apremio para el cobro de las multas contravencionales, que consiste en que la oficina de cobros, a los efectos del cobro de las multas embargue:

  1. a) el sueldo, salario, pensión o cualquier otro ingreso periódico que perciba el obligado;
  2. b) en caso de no existir ingreso periódico alguno, su cuenta bancaria;
  3. c) de no existir los anteriores, cualquier bien mueble embargable de propiedad del obligado.

Embargo que, en los casos a que se refiere el inciso a), no podrá exceder de la quinta parte del monto total de los ingresos periódicos, previa deducción de las obligaciones por pensiones alimenticias, pago de vivienda y créditos bancarios.

Se trata del apremio establecido  en el Capitulo IV, Sección Cuarta, del Decreto-Ley No. 99 de 25 de diciembre de 1987, disposición normativa de superior jerarquía que el Decreto No. 14 de 2020, lo que sin dudas constituye una insdisciplina legislativa, una norma de superior jerarquía, como lo es el Decreto-Ley No.99, no debe ser modificada y mucho menos quebrantada por otra norma de inferior jerarquía como lo es el Decreto No. 14 de 2020.

 

Contravienen las regulaciones asociadas a la prevención y enfrentamiento a la Covid 19 y se impondrán las multas, entre otros: permanezca en áreas públicas fuera de los horarios establecidos: 2000 pesos; utilice, permanezca y realice actividades en las áreas culturales, deportivas, de estar y parques: 2000 pesos; realice juegos o estancia en la vía pública: 2000 pesos”

 

El Código Penal, prevé en el artículo 170.1 el delito de Incumplimento de las Obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones, cito:” El que no cumpla las obligaciones derivadas de una resolución que haya agotado sus trámites procesales legales, dictada por autoridad o funcionario competente, relativo a las contravenciones, incurre en privación de libertad de uno a seis meses”, fin de la cita.

Precepto del Código Penal, de igual modo vulnerado por el anteriormente citado apartado 3 del artículo 9 del Decreto No. 14 de 2020, al establecer que no procede la aplicación de la vía de apremio administrativa y la autoridad facultada formula la correspondiente denuncia para dar inicio al proceso penal. Disposición esta que impone la siguiente interrogante.

De qué modo,  los tribunales de justicia condenarán a los que no abonen la multa en el término de los treinta días , por el delito de Incumpliento de las Obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones, si este delito precisa para su integración de un elemento de tipicidad insoslayable; que se hayan agotado por la autoridad o funcionario competente los trámites procesales legales a ese efecto, es decir, que se haya agotado la vía de apremio, vía que ha sido declarada improcedente por el Consejo de Ministros, sin ser competente para ello, al pronunciar el Decreto No. 14 de 2020.

El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, para establecer una práctica uniforme respecto al agotamiento, por la Oficina del Cobro de Multas, de los trámites procesales legales, es decir la vía de apremio , pronunció la Instrucción No.190 de 11 de febrero de 2009 de la cual cito:

SEGUNDO: La denuncia por posible delito de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 170 del Código Penal y el artículo 38 del Decreto Ley número 99, se formulará ante el Tribunal Municipal Popular de la demarcación en que reside el acusado, que es el competente territorialmente para su conocimiento.

SEGUNDO: La denuncia por posible delito de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 170 del Código Penal y el artículo 38 del Decreto Ley número 99, se formulará ante el Tribunal Municipal Popular de la demarcación en que reside el acusado, que es el competente territorialmente para su conocimiento.

CUARTO: Los Tribunales exigirán que en el expediente único consten los documentos siguientes:

  1. a) Modelo de diligencia de los requerimientos realizados al obligado a pagar la multa, decursado los 30 días a partir de su imposición incluyendo la comunicación de que se duplicó la misma y que se iniciará la vía de apremio.
  2. b) Constancia de las acciones realizadas que acrediten que el deudor no tiene ingresos periódicos, ni bienes embargables, las que se adjuntarán al expediente.
  3. c) Modelo de acta suscrita por el Jefe de la Oficina de Control y Cobro de Multas como constancia tanto de las infructuosas acciones realizadas para lograr el cobro de la multa como de la comunicación al deudor que se procederá a realizar la denuncia ante el tribunal por el posible delito de incumplimiento de obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones. Este documento debe ser firmado además por el infractor y en caso de negarse éste se procederá a consignar ese extremo.
  4. d) Modelo de presentación de denuncia por el jefe de la oficina ante el Tribunal Municipal Popular.

“QUINTO: De no adjuntarse a la denuncia los antecedentes antes referidos o cuando de su examen previo el Tribunal advierta que no se han realizado todas las gestiones racionalmente pertinentes para la ejecución de las obligaciones derivadas de la comisión de la correspondiente contravención dictará resolución, conforme a las disposiciones del artículo 360 de la Ley de Procedimiento Penal, devolviendo la denuncia y, en su caso, los antecedentes recibidos a la oficina de cobros, a los efectos de que, para la debida comprobación del delito, practique las diligencias que correspondan, las que precisará adecuadamente a fin de que se agote efectivamente la vía de apremio con las formalidades legales establecidas, disponiéndose el archivo de la copia de la resolución dictada y del oficio de devolución”, fin de la cita.

Irrespetarán , los tribunales de jusicia del país, las disposicones contenidas en la Instrucción No. 190 de 2009, las que están obligados a observar, para cumplimentar lo que mandará el Decreto No. 14 de 2020, no sería lo atinado, pues pondrían en dudas lo que proclama la Constitución en el artículo 1, que Cuba es un Estado de derecho y justicia social.

La Dra. Marta Prieto Valdés*, ha afirmado reiteradamente, que la Constitución cubana, establece derechos fundamentales para los ciudadanos, que leyes secundarias restringen, tal aseveración es constatable en el caso del Decreto No. 14 de 2020.


* Prieto Valdés, Marta. “Las  garantías constitucionales de los derechos fundamentales y la Constitución de 1976”, p.171 y 172 (publicado en el texto “La Constitución cubana de 1976: cuarenta años de vigencia. Andry Mantilla Correa. Coordinador.

 

 

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