Más de 1.000 residentes en Santiago de Cuba han sido procesados por acaparamiento, desobediencia y otros delitos

El hambre y la desobediencia continúan su puja contra la justicia en Santiago de Cuba, donde 1.022 personas han sido acusadas —desde que comenzó la pandemia de coronavirus— por los presuntos delitos de acaparamiento, desobediencia, propagación de epidemias y actividad económica ilícita, publica Diario de Cuba.

Una nota de Maritza Paredes, fiscal jefa de la provincia, citada por el periódico Sierra Maestra, indicó que “hasta la fecha, se han radicado 888 procesos penales contra coleros, revendedores y otras indisciplinas que violan las regulaciones sanitarias establecidas para frenar el Covid 19”.

“No usar el nasobuco en concentraciones de personas, transportes públicos y privados, además de incurrir en actos de desobediencia y atentados contra agentes que en ejercicio de sus funciones”, también llevó a la aplicación de sanciones, dice la información del periódico oficial.

El periodista oficialista Yuzdanis Vicet, añade en su reporte que “las tipicidades delictivas actividad económica ilícita, especulación, receptación, acaparamiento y apropiación indebida, se cometieron mediante el acopio de productos de primera necesidad, como aseo y alimentos de toda naturaleza”.

En consecuencia, se dictaron sanciones administrativas bajo el Artículo 8.3 del Código Penal.

Según la gravedad considerada por las autoridades, la cuantía de las multas aplicadas osciló entre los 300 y 5.000 pesos, en moneda nacional.

El medio dedicó especial atención a los llamados “coleros” y revendedores de turnos en las tiendas del municipio cabecera, con marcada presencia en la calle Enramadas, donde se concentra el mayor número de establecimientos comerciales.

La Fiscalía provincial dijo que “en los hechos de mayor peligrosidad y donde se demostró el irrespeto reiterado al patrimonio estatal, los acusados fueron remitidos a los tribunales y se les impuso sanciones de privación de libertad, que por lo general se sustituyeron por Trabajo Correccional sin internamiento, en la producción de alimentos y los servicios”.

 

Según Sierra Maestra, “en todos los casos se dispuso de decomiso de los bienes ocupados y se hicieron acciones profilácticas y señalamientos de advertencia a quienes cometieron violaciones menores”.

Aunque el interés de las autoridades es dar la imagen de no tolerar la impunidad, las raíces del mercado negro son profundas y perdurarán en la segunda ciudad en importancia en la Isla mientras subsistan el desabastecimiento, los precios excesivos, el hambre, la corrupción, la desigualdad y el resto las causas que lo generan.

Ni el periódico oficial ni la Fiscalía, mencionaron que las multas impuestas son excesivas en el territorio con el peor salario medio de la nación y los ingresos más bajos Cuba, según el Anuario Estadístico del Ministerio de Economía y Planificación.

Harris Rivaflecha, un abogado consultado por DIARIO DE CUBA en Santiago, dijo que “entre el 70 y el 80% de los sancionados no tiene capacidad para pagar la multa impuesta y demorará más de un año en liquidarla”.

A su juicio, la reventa de alimentos y productos de aseo “será imposible de frenar solo desde el orden jurídico. Para ello habría que sancionar a todos los santiagueros por receptadores (…). La necesidad agobia y el bajo nivel adquisitivo impone muchos retos”, advirtió.

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