Las zonas de sacrificio medioambiental en Chile buscan respiro en una nueva Constitución

Cuando Chile votó en octubre para reemplazar la Constitución redactada durante Augusto Pinochet, los residentes de las llamadas “zonas de sacrificio medioambiental” fueron algunos de los más firmes partidarios del cambio, publica Reuters.

En pequeñas ciudades del norte, centro y sur del país marcadas hace décadas por intensa actividad industrial con centrales termoeléctricas, faenas mineras, puertos y fundiciones, entre otras, la votación por el “Apruebo” en el plebiscito de octubre llegó al 80% e incluso superó el 90%, por encima del resultado nacional de 78,28%.

Esos lugares albergan a unos 200.000 chilenos.

Y residentes, activistas y académicos que han estudiado la contaminación en esas áreas dicen que sucesivos gobiernos han antepuesto el desarrollo industrial del país a su salud y que una nueva Constitución podría solucionar estos problemas.

“Es el cansancio de nuestra comunidad por todas las expresiones de injusticia social e injusticia ambiental de las que somos víctimas desde hace más de 50 años, absolutamente abandonados por un Estado negligente”, dice Carolina Orellana, portavoz de una asociación de mujeres en la zona industrial de Quintero, en la región central del país.

“Y es un llamado para comenzar a hacer una zona de recuperación y para que dejemos atrás el estigma de zona de sacrificio, con toda la vulneración y pobreza que conlleva”.

La Constitución actual, promulgada en 1980 durante la dictadura militar pero sometida a varias reformas, establece “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” y el deber del Estado de velar por eso. Sin embargo, la directora de la ONG Oceana, Liesbeth van der Meer, dice que en la práctica eso es muy distinto.

“¿Por qué hay industrias que contaminan en la forma en que contaminan? No puede haber empresas que lancen metales pesados a la bahía de Ventanas o relaves al océano cuando hay actividades de pesca”, como en Huasco, señala, asegurando que la clave es “cómo hacer para que el derecho de propiedad tenga incluido el cuidado medioambiental y el de las futuras generaciones”.

Claudia Fuentes, responsable de proyectos de descarbonización de la ONG Chile Sustentable, dice que el dilema es cómo se define algo libre de contaminación.

“Si no hay normas como por ejemplo para arsénico o compuestos orgánicos volátiles, porque no hay normas para todos los contaminantes, es como si ésta no existiera”.

Para activistas y ONGs es fundamental fortalecer el sistema de vigilancia ambiental y mejorar la transparencia sobre fuentes contaminantes.

Un tema crítico, agregan, es modificar las reglas sobre acceso al agua en Chile, donde se permite que privados soliciten derechos sobre su uso y extracción.

Hasta ahora, sin embargo, el texto de una nueva carta magna es especulativo y sólo comenzará a delinearse cuando en abril sean elegidos los 155 asambleístas que la redactarán, que requerirán alcanzar amplias mayorías de dos tercios para aprobar su contenido.

Y el nuevo texto será luego sometido a un plebiscito aprobatorio.

Pero mientras Chile lucha por reactivar una economía golpeada por el coronavirus, salvaguardar los empleos y el papel de las industrias productivas también es fundamental, dicen ciudadanos y líderes empresariales.

Hace poco, la agencia Fitch señaló que la discusión constitucional en Chile podría llevar a posponer inversiones y que uno de los aspectos a evaluar era cómo podría conducir a nuevas políticas ambientales y requisitos más estrictos para las empresas.

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