El presidente de Guatemala pide replantear los acuerdos de paz

Desde 1960 hasta 1996 en Guatemala se libró una guerra civil entre el Estado y guerrillas de izquierda que dejaron en el país unos 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe de la ONU de 1999, que responsabilizó del 93% de las violaciones de derechos humanos a las fuerzas del Estado, publica RFI.

Alejandro Eduardo Giammattei consideró que el país aún tiene “una deuda con la historia” y pidió el acompañamiento a la comunidad internacional para entablar un diálogo entre el gobierno con sociedad civil para buscar mecanismos que permitan actualizar los acuerdos de paz.

“El proceso de paz fue positivo por haber finalizado la etapa violenta, pero hay un déficit profundo en relación al cumplimiento de los acuerdos relacionado con problemas estructurales, que generaron el conflicto”, dice a RFI Adrián Zapata, miembro de la dirección nacional del movimiento revolucionario guatemalteco.

“Considero que es inteligente plantear la posibilidad de examinar esos acuerdos, no para limitar su alcance, sino para pensar en las mejores maneras de cumplirlos en el marco del contexto existente 24 años después. El problema que yo veo es la legitimidad del presidente para hacer esta convocatoria porque requiere de un liderazgo legítimo para que sea creíble”, agrega Zapata.

Giammattei indicó que en casi un cuarto de siglo de la firma de la paz muchos compromisos se han cumplido, pero muchos están pendientes, por ello “siguen vivos conflictos y diferencias” y llamó también a la unidad nacional para lograr la reconciliación.

“Los acuerdos de paz señalan una ruta. Que no haya la capacidad y la voluntad de cumplirlos es otra cosa”, dice a RFI el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. “Replantearlo suena como una buena intención pero no es necesario. Y aunque lo fuese [el presidente] no tiene la credibilidad”.

Un panorama incierto para las víctimas de la guerra civil que enfrentó al Estado y las guerrillas de izquierda y que dejó en el país a unos 200 mil muertos o desaparecidos en 36 años de conflicto. Según un informe de la ONU de 1999, se responsabilizó del 93% de las violaciones de derechos humanos a las fuerzas del Estado.

“Las víctimas del conflicto armado, hoy más que nunca, están preocupadas porque que ningún gobierno, desde la firma, ha puesto su empeño serio para el cumplimiento [de los acuerdos]”, dice Rodas.

“Pero el gobierno de Giammatei ha ensañado contra la institucionalidad de la paz y las víctimas están a la deriva, en cuanto al resarcimiento económico y moral”.

Para organizaciones sociales, indígenas y humanitarias, debe restituirse la institucionalidad de los acuerdos de paz y garantizarse la vigencia de los mismos, pues hay muchos compromisos con rezagos importantes.

Reclaman ante un posible cierre del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) a familiares de víctimas y de la Secretaría de la Paz (Sepaz), entes creados por los acuerdos de paz.

La gestión del derechista Giammattei ha sido blanco de protestas ante una presunta falta de transparencia. Las manifestaciones se calmaron tras un llamado al diálogo y la eliminación de un cuestionado presupuesto para el 2021, criticado por no abordar los principales problemas del país.

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