CIDH pide a Ortega derogar polémica ley de Agentes Extranjeros en Nicaragua

La CIDH rechazó la polémica ley de Agentes Extranjeros en Nicaragua que impone “sanciones desproporcionadas” y onerosas multas a organizaciones que no reporten el financiamiento que reciben del exterior, y solicitó al régimen de Daniel Ortega su derogación, publica El Nuevo Herald.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que recibió información que indica que el Ministerio de Gobernación de Nicaragua estaría tomando medidas para la implementación de la ley, entre ellas la emisión de un acuerdo ministerial que dispone sanciones como la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones identificadas como agentes extranjeros, y establece multas que pueden llegar hasta casi $500,000.

Del mismo modo, se disponen mecanismos específicos de criminalización que habilitan a la autoridad administrativa requerir la intervención de los órganos de persecución penal por la presunción de la comisión de delitos contra la “seguridad del Estado”, dijo el organismo en un comunicado.

“La Comisión observa con preocupación que, ante la implementación de la nueva normativa, varias organizaciones civiles del país han expresado que no se someterán al referido registro y regulación, pues rechazan ser identificadas como “agentes extranjeros”, expresó.

Detalló que entre esas organizaciones está la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y el PEN Nicaragua, que anunciaron en febrero que suspenden indefinidamente sus actividades en el país.

Otras organizaciones expresaron que continuarán funcionando sin registrarse, asumiendo las sanciones que se deriven de esta conducta.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua (CPDH) señaló recientemente a la CIDH que sus actividades fueron seriamente obstaculizadas por las propias autoridades del Ministerio de Gobernación, mediante la exigencia de nuevos requisitos o documentos no contemplados en la normativa.

La ley pretende silenciar a las personas y organizaciones identificadas como opositoras y evitar cualquier ejercicio de libertades públicas, como la de expresión, asociación, la de participar en la dirección de los asuntos públicos, y el derecho de protesta, entre otros, consideró la CIDH.

También dijo que el contexto de falta de independencia y actuar arbitrario e ilegal de los órganos administrativos y judiciales en el país, hace prever el uso de esta normativa con el objetivo de producir un efecto inhibitorio del debate público y de la participación democrática, especialmente cuando se inicia el año en que se producirán en el país elecciones nacionales.

Advirtió que el ejercicio de las libertades públicas, entre las cuales está la libertad de expresión, es especialmente crítico en períodos electorales, en que la sociedad debe tener acceso a información que exprese diversos puntos de vista sobre los asuntos públicos.

Esta Ley se implementa junto con otras recientemente aprobadas que la CIDH dice le generan preocupación por estar destinadas a los mismos fines de generar un efecto de amedrentamiento que limita la libertad de expresión contrarios a los estándares interamericanos en derechos humanos.

“La Comisión hace un especial llamado al Estado de Nicaragua, a derogar esta normativa, así como a dejar sin efecto las leyes que impiden el ejercicio de las libertades públicas, que obstaculizan el debate democrático y que impiden el funcionamiento regular de las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua”, manifestó.

Entrada siguiente

Sarkozy, condenado a tres años por corrupción y tráfico de influencias

lun Mar 1 , 2021
El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido condenado este lunes a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, lo que le convierte en el primer exinquilino del […]
blank