Después de haber sido declarado culpable, Sarkozy enfrenta más juicios y tribulaciones

Sarkozy fue sentenciado el lunes a tres años de cárcel, dos de ellos en suspensión, convirtiéndolo en el primer expresidente francés en haber recibido una condena de prisión.

La naturaleza de la condena pone de relieve los múltiples problemas legales que han perseguido al antiguo presidente conservador desde que dejó su cargo en 2012., publica France24.

El hombre de 66 años fue declarado culpable por haber tratado de sobornar a un juez ofreciéndole un alto cargo a cambio de información interna sobre un caso aparte.

Sarkozy seguirá libre mientras apela. Si pierde la apelación es probable que cumpla un año de casa por cárcel, con un dispositivo electrónico, en vez de ir a prisión.

No obstante, la sentencia de culpabilidad es un golpe para el político retirado, quien todavía tiene un papel influyente en la política conservadora francesa. Tampoco ha llegado el final de sus problemas legales.

Sarkozy, que acusó a la justicia de persecución en su contra, enfrenta otro juicio a mediados de este mes y también está siendo investigado en un tercer caso.

A continuación, un resumen de sus pasados y actuales problemas legales.

“El caso Bygmalion”

Sarkozy se enfrentará a la corte de París a mediados de este mes por acusaciones de financiamiento ilegal para su campaña presidencial de 2012, que culminó con la victoria de su rival socialista, François Hollande.

El “caso Bygmalion” se centra en las acusaciones de que su partido conservador, conocido en ese entonces como Unión por un Movimiento Popular (UMP), trabajó con una empresa de relaciones públicas para esconder el verdadero costo de su candidatura a la reelección.

Francia establece límites estrictos para los gastos de campaña.

Los fiscales alegan que la empresa, Bygmalion, facturó a nombre del partido de Sarkozy en vez de a su campaña para poder evadir las restricciones.

Se afirma que la estrategia le permitió a Sarkozy y a su partido gastar 42.8 millones de euros (50.7 millones de dólares) en la campaña, casi el doble del monto máximo permitido.

El expresidente negó las irregularidades.

La campaña presidencial previa de Sarkozy -su candidatura victoriosa en 2007- también es objeto de investigaciones, esta vez a causa de acusaciones de financiamiento ilegal libanés.

El antiguo presidente está siendo formalmente investigado por corrupción, financiamiento ilegal y conspiración en un caso que involucra espías libaneses, traficantes de armas y denuncias según las cuales el difunto hombre fuerte de Libia Muammar Gaddafi envió maletas llenas de millones de euros en efectivo para la campaña electoral de Sarkozy.

El hijo de Gaddafi, Saif al-Islam, fue el primero en hacer públicas las acusaciones en 2011, afirmando que Sarkozy -en ese momento presidente de Francia- debería “devolver el dinero que le quitó a Libia para financiar su campaña electoral”.

Un año después, el sitio web de investigación Mediapart publicó un documento donde se alegaba que el dictador libanés había aceptado apoyar a Sarkozy hasta con 50 millones de euros (60 millones de dólares al cambio actual).

Sarkozy siempre ha negado las acusaciones, declarando en una entrevista en 2018: “No existe ni siquiera el menor indicio de prueba”.

Uno de sus principales acusadores, el empresario franco-libanés Ziad Takieddine, que se describió a sí mismo como un “intermediario entre las sombras”, retiró sus acusaciones el año pasado.

Los fiscales financieros afirmaron en enero que abrirían una investigación preliminar por denuncias de tráfico de influencias relacionado con actividades llevadas a cabo por Sarkozy en Rusia siete años antes de que dejara su cargo.

El sitio web Mediapart afirmó que la investigación se enfocó en un pago realizado por una empresa de seguros rusa, Reso-Garantia, por tres millones de euros en 2019, mientras Sarkozy trabajaba como asesor.

Declaró que los investigadores estaban tratando de verificar si el expresidente actuó únicamente como consultor, lo cual sería totalmente legal, “o si se involucró en actividades de lobbying potencialmente criminales en nombre de los oligarcas rusos”.

Previamente, Sarkozy fue absuelto en otro caso que involucraba financiamiento para su candidatura presidencial de 2007, conocido como el “caso Bettencourt”.

La larga disputa legal se centró en denuncias según las cuales su partido habría aceptado pagos ilegales por parte de la heredera de L’Oréal, Liliane Bettencourt, en sobres llenos de dinero en efectivo.

El mayordomo de Bettencourt testificó, declarando que Sarkozy había sido un visitante regular en la casa de la heredera durante la campaña de 2007, una afirmación que el político negó.

Tras una exhaustiva investigación que según Sarkozy había tenido motivos políticos, en 2013 el antiguo presidente fue absuelto de haberse aprovechado de Bettencourt mientras ella se encontraba demasiado frágil como para entender lo que estaba haciendo.

Dos años después, una corte en Bordeaux también absolvió de irregularidades a su allegado cercano Éric Woerth, un antiguo Ministro del Presupuesto y tesorero del partido UMP, citando una falta de evidencia a pesar “de fuertes sospechas” de que los pagos se habían realizado.

Sin embargo, fueron los intentos realizados por Sarkozy por obtener información sobre la investigación Bettencourt lo que eventualmente llevó a su condena por corrupción y tráfico de influencias el lunes.

Sarkozy también ha sido entrevistado como testigo, aunque no como sospechoso, en otra investigación de larga data que involucra financiamiento de campaña, esta vez para la fallida candidatura presidencial en 1995 del antiguo Primer Ministro Édouard Balladour.

El “caso Karachi” involucra a dos antiguos asesores de Sarkozy, quienes han sido acusados por jueces que investigan presuntos sobornos de un tráfico de armas pakistaní, concertado cuando Sarkozy era Ministro del Presupuesto.

Supuestamente, se utilizó una empresa fantasma para conducir los sobornos a la campaña presidencial de Balladur, que Sarkozy ayudó a dirigir.

Balladur, de 91 años, fue a juicio en febrero y se le acusó de complicidad en la presunta malversación de fondos públicos. Los fiscales pidieron un plazo de un año de prisión condicional y una multa de 50.000 euros.

 

Foto: Reuters

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