Estados Unidos acusa a Ejército y Policía de Nicaragua de numerosos abusos

El informe anual de la situación de derechos humanos a nivel global que presentó este martes 30 de marzo el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó serios señalamientos al Gobierno de Nicaragua y acusó al presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de mantener un sistema político “altamente centralizado y autoritario”.

Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, presentó el informe que revela la situación de derechos humanos de más de 200 países y territorios, así como las libertades civiles, la corrupción, falta de transparencia y el actuar de los gobiernos en las investigaciones de abusos en materia de derechos humanos, entre otros, publica France24.

El informe detalla la situación del país centroamericano y asegura que en los últimos años el presidente Daniel Ortega incrementó su control sobre el poder judicial, legislativo y la justicia de Nicaragua, aprobando “leyes cada vez más represivas que limitan severamente la capacidad de operación de los grupos políticos de oposición, la sociedad civil y los medios independientes”.

Según el documento, en Nicaragua impera la “corrupción generalizada, incluso en la fuerza policial, el CSE, la Corte Suprema, las autoridades aduaneras y tributarias y otros órganos gubernamentales. Los gobiernos municipales y los gobiernos regionales de la Costa Caribe también se vieron afectados por la corrupción”, cita el texto, así como señala la existencia de grupos armados progubernamentales, encargados de reprimir a defensores, periodistas independientes y activistas disidentes al Ejecutivo.

“Los parapolicías, que son grupos no uniformados, enmascarados y armados con entrenamiento y organización táctica, actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad del Gobierno, bajo el control directo del Gobierno”, agrega el texto que señala a las fuerzas de seguridad de cometer “numerosos abusos”.

Washington afirma que los “parapoliciales y las personas vinculadas al régimen de Ortega llevaron a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia hacia enemigos percibidos del régimen, como ex presos políticos, activistas campesinos, grupos de oposición prodemocracia, defensores de los derechos humanos y el clero católico”.

El texto indica que muchos de los detenidos en el contexto de las protestas antigubernamentales, que iniciaron en 2018, fueron presentados ante la opinión pública con uniformes de prisión, afectando la presunción de inocencia establecida en las leyes locales y muchos de ellos denunciaron ser víctimas de tratos crueles, torturas y condiciones carcelarias “potencialmente mortales”.

Uno de los testimonios que recoge el informe es la detención, por parte de miembros del Ejército de Nicaragua el 15 de agosto de 2020, a los opositores Hader González y Cristian Meneses en la frontera con Costa Rica.

Sus familias no recibieron información de su paradero hasta el 20 de agosto, cuando el Ejército los presentó públicamente y los vinculó con un asesinato. Luego un juez de Managua los condenó a 48 años de prisión por varios delitos en perjuicio de Nicaragua, como lo ha hecho con otros disidentes reconocidos como “presos políticos” por defensores locales.

“Los juicios contra los manifestantes a favor de la democracia se retrasaron indebidamente y no se ajustaron al debido proceso. La liberación de los acusados se basó en muchos casos en decisiones políticas y no en el estado de derecho”, expresa el Departamento de Estado y agrega que “entre las cuestiones importantes de derechos humanos se incluyen: ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el Gobierno o sus agentes; desapariciones forzadas por fuerzas parapoliciales; tortura y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias penitenciarios y parapoliciales”

Estados Unidos se hace eco de las denuncias de organismos locales de derechos humanos, agrupaciones de campesinos y medios de comunicación que visibilizan el asesinato de al menos 30 campesinos opositores entre 2018 y 2019 y en donde, según ellos, hubo participación del Ejército de Nicaragua.

La institución militar emitió un comunicado, el 21 de marzo, en referencia a estos señalamientos y aseguró que se trata de una “campaña de calumnias malintencionadas” y que sus miembros reciben preparación sobre temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

“Nuestra presencia en el campo obedece a la demanda de seguridad de nuestros productores de café, ganaderos, comerciantes, agricultores y otros sectores, en tal sentido siempre los estaremos respaldando para evitar que sean afectados por elementos delincuenciales”, aseguran.

Foto: AFP

Vía. France24

 

 

 

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