Las claves para entender la rebelión jurídica de Polonia ante la UE

Un fallo del Tribunal Constitucional ha desvinculado al país del cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia comunitario y ha rechazado cualquier cambio en su controvertida reforma judicial, una jugada de la derecha radical que viola la separación de poderes y ante la que Bruselas llevaba meses clamando.

El Gobierno nacionalista del partido Ley y Justicia (PiS) considera incompatibles con su constitución varios artículos de los tratados europeos en temas que van desde los tribunales a la libertad de los medios de comunicación, pasando por los derechos LGTBIQ.

Todo muy progresista. Una deriva que no es nueva pero que ahora llega a un punto de no retorno, que obligará a la UE a mover pieza (o sea, a hacer algo más que pedir explicaciones) y que evidencia que hay miembros del club que olvidan los valores fundacionales y tratan de ir por libre, por más que sean, como en el caso polaco, beneficiarios mayúsculos de la Unión.

Estas son las claves para entender una crisis que ahora erupciona como un volcán, pero que llevaba mucho tiempo fraguándose bajo tierra, publuca HuffPost.

El Tratado de Adhesión de cada país a la Unión Europea es una especie de contrato por el que un nuevo estado se incorpora al club comunitario, como miembro de pleno derecho.

El de Polonia se firmó en 2003 y, más allá de las referencias a la integración económica, dice cosas como que hay que asegurar la “estabilidad de unas instituciones garantes de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías”, porque son “requisitos consagrados como principios constitucionales en el Tratado de la Unión Europea y se han destacado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

Un compromiso con el que no ha estado cumpliendo en los últimos tiempos.

El ascenso y consolidación de la derecha ultracatólica más reaccionaria, la del PiS -aliado de Vox en la Eurocámara-, ha hecho que avancen leyes que no casan con ese marco. Ley y Justicia, comandado por Jaroslaw Kaczynski y con Mateusz Morawiecki como primer ministro, se llevó el 41% de los votos en las elecciones de 2019 y desde entonces ha ahondado en esas divergencias. Ha sabido imponer su relato de crecimiento económico y bienestar social al alza, por encima de todo.

Polonia ha sido ampliamente criticada por la UE en los últimos años por su deriva autoritaria, que le llevó incluso a aprobar una reforma judicial que permitía al Gobierno destituir a los jueces sin explicaciones y nombrar a otros afines a su causa, erosionando la separación de poderes. También redujo la edad de jubilación de los magistrados a los 65 años, obligando a que se marcharan un tercio de ellos.

El Tribunal de la UE tumbó la norma hace dos años, por no ser ni “adecuada” ni “proporcionada”.

En encendidos discursos parlamentarios, se le llegó a reprochar a Varsovia que estaba “pisoteando” los valores de la Unión, con esta norma y con propuestas anti-inmigración cercanas al racismo de Hungría -Viktor Orban tiene peor prensa, peso los posicionamientos de Varsovia son bastante similares a los suyos- o leyes medioambientales que van en la dirección contraria a la lucha contra el cambio climático.

Se han planteado penas de prisión por impartir educación sexual en las escuelas o la creación de “zonas libres” de homosexuales, se ha producido la renuncia al Convenio de Estambul contra la violencia machista, se ha restringido el derecho al aborto al mínimo, se han bloqueado acuerdos comunitarios sobre emisiones de CO2 porque ellos son incapaces de lograrlos, los fondos de recuperación por la pandemia peligraron por su oposición y hasta se han desmarcado de las ayudas a víctimas del nazismo. Posicionamientos que dan la medida de su mentalidad.

En julio, ya el Tribunal Constitucional polaco apoyó la preeminencia del derecho nacional sobre el europeo, que ahora se refrenda. Y ese mismo mes, Bruselas inició sendos expedientes sancionadores contra Hungría y Polonia por promover leyes que violan los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ.

El primero por la controvertida norma que prohíbe hablar de sexualidad en las escuelas y el segundo, por decretar “zonas sin ideología LGTB”, que pretenden acabar con lo que el Gobierno llama “ideología gay”.

“Hay países donde no se están respetando los valores básicos de la Unión”, decía hace unos días en El HuffPost el copresidente de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el liberal Guy Verhofstadt. Si no se actúa, “será nuestra autodestrucción”, valoraba. Lo de ayer era el estallido de una bomba de relojería, en realidad.


El Gobierno polaco preguntó en marzo al Alto Tribunal del país si su derecho nacional era incompatible con los reglamentos europeos y, por tanto, si debía primar el derecho polaco por encima del comunitario.

La resolución se retrasó cuatro veces hasta que ayer el Constitucional se puso del lado del Ejecutivo, algo que no sorprende si se tienen en cuenta las numerosas denuncias de partidos opositores y organizaciones profesionales sobre la connivencia del poder Ejecutivo y el Judicial en el país. El fallo ha sido apoyado por tres de los cinco magistrados que formaban el panel. Una medida sin precedentes en el seno comunitario.

Los jueces polacos han cuestionado las competencias del Tribunal de Justicia de la UE para disponer que los tribunales nacionales pueden revisar la legalidad de los nombramientos de los jueces por el presidente, mientras que ha considerado que estas disposiciones son inconstitucionales en la medida en que los órganos europeos operan fuera de los límites de los poderes conferidos por Polonia en los tratados. Y, en caso de aplicar las disposiciones dictaminadas por otros órganos, “Polonia perdería su soberanía legal”, han matizado en un comunicado.

Además, han expuesto que “ningún Estado miembro (de la UE) ejerce sus derechos de manera categóricamente soberana”, pues consideran que “el ejercicio de los derechos soberanos por parte de cada Estado miembro debe estar algo limitado por el ámbito de competencias delegadas a la Unión Europea” y para censurar que “los ciudadanos polacos no tienen influencia directa en la elección de los miembros de los órganos de la Unión Europea, incluidos los jueces del TUE”, informa EFE.

Ahora, con esta resolución en la mano, Varsovia puede ahora desacatar las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, que es la máxima instancia judicial en el continente. Los fallos de la corte de Luxemburgo deben estar por encima de cualquier tribunal nacional, como acordaron los socios, en una decisión que es troncal para la cohesión europea. Uno dice lo contrario que el otro.

La Comisión Europea ya avisó a Polonia el 15 de julio de que “todas las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluidos los autos sobre medidas provisionales, son vinculantes para todas las autoridades de los Estados miembros y los órganos jurisdiccionales nacionales”. Pero Varsovia se empeña en sacar los pies del tiesto, y su primer ministro lanza nuevos mensajes que demuestran que no le entra el miedo en el cuerpo.

Morawiecki ha dicho este viernes en sus redes que la Constitución nacional es superior a cualquier otro cuerpo de leyes, como el de la Unión Europea, y que la sentencia confirma que Polonia tiene “los mismos derechos que otros países”. “El derecho constitucional es superior a otra fuente de derecho (…). Tenemos los mismos derechos que otros países, queremos que se respeten”, agregó.

 

Vía: HuffPost

 

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