Régimen cubano considera marcha opositora una provocación en busca de ‘anhelada intervención militar

El régimen de Cuba ha justificado su veto a una manifestación opositora el 15 de noviembre argumentando que es una “provocación” y que hay detrás intereses tanto internos como externos –de Estados Unidos– para provocar algún tipo de incidente que justifique “la anhelada intervención militar”.

“Basta de mentiras y manipulaciones groseras de los hechos”, ha proclamado el Ministerio de Exteriores cubano, unas horas después de que la plataforma Archipiélago, promotora de la concentración, anunciase que mantiene su convocatoria a pesar de no contar con el beneplácito de las autoridades de la isla.

La protesta inicialmente estaba fechada para el 20 de noviembre, pero los organizadores decidieron adelantarla cinco días en previsión de unas maniobras militares que, en palabras del Gobierno, se hacen “constantemente”, en un intento por desmarcar ambos acontecimientos y ante los temores de una oposición que siente que sus derechos están cercenados, publica El Nuevo Herald.

Para el régimen, quienes buscaron “el fracaso del socialismo” con las protestas del 11 de julio “andan frustrados y apurados en sus planes”, por lo que buscan “acciones desestabilizadoras” y “provocar el incidente que desemboque en el estallido social que propicie la anhelada intervención militar”.

“Nadie va a ser aplastado por tanques en las calles como han difundido los voceros de la próxima provocación”, ha subrayado. En este sentido, Exteriores ha apuntado que este “golpe suave” carece de base social en Cuba y responde a intereses “debidamente instruidos, financiados y apoyados desde el exterior”, en particular desde Estados Unidos.

“Bajo la falsa bandera del pacifismo, buscan provocar nuevos disturbios, generar caos e inducir la desestabilización del país”, ha afirmado el departamento que encabeza Bruno Rodríguez.

Así, La Habana considera que la marcha, “supuestamente pacífica”, es una “provocación articulada”, e incluso ha ironizado con el hecho de que fuese convocada inicialmente el día del cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“¿Querían celebrarle el cumpleaños al presidente Biden con un ataque a la Revolución que tanto ha molestado a las administraciones imperiales desde hace 62 años? Se quedaron con las ganas”, ha sentenciado.

One of the protests that took place on July 11th. Photo: Ismael Francisco) AP

El Ministerio de Exteriores de Cuba ha asegurado que los promotores de la marcha vetada tienen vínculos manifiestos con Estados Unidos y que la Adminstración Biden se ha implicado “directamente” en la “promoción” de futuras movilizaciones, a pesar de que su Embajada en la isla “no cumple desde hace años oficio diplomático alguno” y sus funcionarios ejercen “de niñeros de los exponentes contrarrevolucionarios y provocadores”.

“Con tales patrocinadores y declarados propósitos, es muy difícil presumir de civismo y pacifismo en la acción convocada para noviembre. Mucho menos de intenciones legítimas y soberanas”, ha insistido el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, decidido a “defenderse de la agresión extranjera”, “con independencia del disfraz que esta tome”.

LOS “LÍMITES” DEL DERECHO DE MANIFESTACIÓN Los organizadores de la próxima manifestación han esgrimido que, al no autorizar la cita, el Gobierno ha violado la Constitución. Sin embargo, para el Ministerio de Exteriores, esta misma Carta Magna también establece que “los derechos de las personas están limitados”, incluido el de manifestación. El Gobierno cubano ha señalado que los movimientos opositores “usan preceptos constitucionales para defender estrategias anticonstitucionales”.

Recuerda que, de acuerdo a la Constitución, el régimen socialista es “irrevocable”, por lo que “está claro que ni ahora ni en el futuro el derecho a la manifestación puede utilizarse para subvertir el sistema político, para derrocar el proyecto socialista cubano o para establecer alianzas con grupos y organizaciones que reciben financiamiento exterior”.

“No existe en nuestro país el derecho a obrar a favor de los intereses de una potencia extranjera y a poner en riesgo la estabilidad ciudadana. Es anticonstitucional, ilegítimo, inmoral, adscribirse a un proyecto anexionista. Lo dicen nuestras leyes y lo dice nuestra historia”, ha remachado.

 

Vía: El Nuevo Herald

 

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