Gobierno de Cuba intensifica represión semanas antes de marcha opositora

Las autoridades cubanas han amenazado a los organizadores de una marcha a favor de la democracia convocada para noviembre con cargos legales, al tiempo que realizan un vasto operativo de seguridad para intimidar a los cubanos de a pie que expresan su apoyo a la iniciativa o critican al gobierno en las redes sociales. Integrantes del grupo cívico Archipiélago notificaron a las autoridades de su intención de marchar el 15 de noviembre para defender el respeto de las libertades civiles y pedir la liberación de los presos políticos y cientos de manifestantes que aún se encuentran detenidos luego de un levantamiento en toda la isla el 11 de julio.

El grupo, conformado por jóvenes artistas, profesionales, activistas y conocidos disidentes, sostiene que la Constitución cubana permite manifestaciones pacíficas. Las autoridades cubanas interpretaron la Constitución de otro modo, calificando la marcha de “ilícita” y de complot respaldado por el gobierno estadounidense y los exiliados cubanos.

El domingo, el gobernante cubano Miguel Díaz Canel dijo que la marcha planeada no era un “acto de civismo sino un acto de subordinación” a Estados Unidos, al que acusó de planear la iniciativa para “subvertir” el orden interno, publica El Nuevo Herald.

“El objetivo declarado del gobierno norteamericano es derrocar a la revolución cubana,” dijo Díaz-Canel durante una reunión del Partido Comunista el domingo. “Estamos preparados y dispuestos a todo para defender lo más sagrado, lo que nos une; a ser consecuentes con la decisión invariable de Patria o Muerte, Socialismo o Muerte”.

El domingo,  Miguel Díaz Canel dijo que la marcha planeada no era un “acto de civismo sino un acto de subordinación” a Estados Unidos, al que acusó de planear la iniciativa para “subvertir” el orden interno.

“El objetivo declarado del gobierno norteamericano es derrocar a la revolución cubana,” dijo Díaz-Canel durante una reunión del Partido Comunista el domingo. “Estamos preparados y dispuestos a todo para defender lo más sagrado, lo que nos une; a ser consecuentes con la decisión invariable de Patria o Muerte, Socialismo o Muerte”.

El jueves pasado, la Fiscalía General de la República dijo en un comunicado que si los integrantes de Archipiélago siguen adelante con la marcha, enfrentarán graves cargos, entre ellos, “desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente.

 

“ El gobierno también está utilizando sus fuerzas de seguridad y los medios estatales para difundir el mismo mensaje.

En las últimas semanas, los medios de comunicación estatales, incluidos los periódicos y la televisión, han desacreditado a los jóvenes activistas al presentarlos como mercenarios pagados por organizaciones vinculadas al gobierno de Estados Unidos, acusaciones que ellos han negado.

“El pensamiento único, la censura y la persecución política han sido el pan de cada día para cualquier cubano que no se someta al control de sus mayorales”, dijo en un comunicado el actor y dramaturgo Yunior García Aguilera, uno de los líderes de Archipiélago.

“Nadie sería tan idiota de enfrentarse a todo esto (y a la furia que vendrá) por dinero. Lo hacemos por convicciones, y eso tiene al poder desesperado. Tampoco nadie nos da órdenes desde ninguna parte”.

Mientras tanto, la seguridad del estado, la agencia de inteligencia controlada por el Ministerio del Interior, ha estado realizando un operativo en toda la isla para intimidar a miembros y simpatizantes de Archipiélago, según entrevistas realizadas por el Herald e información compartida en las redes sociales.

Las acciones represivas denunciadas incluyen detenciones breves, multas, citaciones a una comisaría para interrogatorio, cortes en los servicios de internet y telefonía, actos de repudio, prohibiciones de viajar al exterior, hostigamiento a familiares y despidos. Y hay al menos un informe de un breve secuestro.

Leinier Cruz Salfrán, un organizador de la marcha en Guantánamo, en el oriente del país, fue multado con 3000 pesos cubanos porque las autoridades dijeron que algunos videos que publicó en las redes sociales violaban el “orden interno”, según estipulan los decretos 35 y 370, dijo en un mensaje de audio compartido con el Herald.

Ambos decretos han sido ampliamente criticados por restringir las libertades civiles y la libertad de expresión. Cruz Salfrán dijo que después de salir de la oficina del Ministerio de Comunicaciones donde fue multado el viernes, un funcionario de la seguridad del estado le dijo que se subiera a un viejo automóvil ruso Lada para “conversar”.

“Me piden mi teléfono y yo se los entrego; no voy a ofrecer resistencia”, dijo. “Al rato se montan atrás dos personas más que me imagino también eran agentes de la seguridad del estado. Acto seguido, me fuerzan a bajar la cabeza y me encapuchan.

Conociendo este tipo de trato, no ofrecí resistencia porque sé que es peor pero sí tuve que forcejear un poco porque me querían cortar la respiración y eso a mí me da náuseas, casi que vomito y eso me hace sentir muy mal”.

El activista, acosado porque notificó a las autoridades de la marcha en Guantánamo, dijo que los agentes lo llevaron a un lugar desconocido donde fue amenazado durante un interrogatorio de una hora. “No daré más detalles, para no transmitir el mensaje que ellos quieren promover”, dijo. Los agentes luego lo dejaron cerca de su casa.

Varios miembros del Archipiélago están bajo vigilancia en su domicilio. García compartió imágenes de la entrada de su casa, que fue vandalizada con animales muertos.

Y dos médicos relacionados con el grupo, Manuel Guerra y David Martínez, fueron despedidos de sus trabajos pagados por el estado. UNA CAMPAÑA DE INTIMIDACIÓN Pero a medida que crece la frustración con el régimen cubano, no solo los activistas a favor de la democracia, sino también una franja más grande de la población ha entrado en contacto con el aparato represivo.

El gobierno está particularmente nervioso después de que las protestas de julio, y los planes de la marcha han sugerido que el descontento es generalizado. Las tácticas no son nuevas y se han utilizado a lo largo de las décadas contra disidentes políticos, periodistas independientes y, últimamente, contra jóvenes artistas contestatarios.

Pero en las últimas semanas, los influencers de las redes sociales y, en general, cualquier persona que exprese una opinión en contra de las autoridades de la isla se han convertido en un objetivo. Rafael Santos Regalado, un joven ingeniero de software que vive en La Habana, nunca había estado en una estación de la policía hasta principios de este mes.

Allí, agentes de la seguridad del Estado le advirtieron que no publicara contenido político en las redes sociales, incluyendo lo que pensaban que eran imágenes manipuladas de un joven Fidel Castro sentado y mirando a la cámara, con un montón de billetes de dólares en la mesa frente a él.

Las imágenes eran auténticas, tomadas en un evento de recaudación de fondos con emigrados cubanos en 1955 en Nueva York. Santos las publicó para cuestionar acusaciones de los funcionarios del gobierno de que los organizadores de la marcha están recibiendo apoyo financiero de los exiliados cubanos.

“NO soy un criminal; NO soy terrorista, la libertad de expresión es un DERECHO al que nunca renunciaré ”, dijo en Twitter antes de asistir a la entrevista con los agentes. Santos fue multado con 3000 pesos cubanos por promover la marcha.

 

POR NORA GÁMEZ TORRES

Foto: EFE

Vía: El Nuevo Herald

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