La pelea del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, con el gobierno de Biden en torno a la inmigración ha llevado a una misión fronteriza financiada por el estado en Texas con valor de $1.6 millones, a una demanda contra el gobierno federal y a una orden ejecutiva en la que se enlista a la agencia de aplicación de la ley del estado para recopilar información sobre “potenciales inmigrantes ilegales” reubicados en la Florida por el gobierno federal.
Ahora, el gobernador republicano quiere $8 millones para crear un nuevo programa que permitiría al Estado contratar a empresas privadas para transportar a los “extranjeros no autorizados” fuera de la Florida.
El programa propuesto, que el gobernador quiere pagar con los intereses devengados de los fondos federales, y una “serie” de proyectos de ley que, según él, lucharán “contra la crisis fronteriza de Biden”, son las últimas líneas de batalla trazadas por un gobernador que parece estar preparando una posible rivalidad contra el presidente Joe Biden en 2024, publica El Nuevo Herald.
“Una de las prioridades en las que hemos estado trabajando durante muchos meses y seguiremos trabajando con la Legislatura cuando regrese es hacer frente a las consecuencias de las imprudentes políticas fronterizas de la administración de Biden”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa en Jacksonville el viernes.
DeSantis ha dicho que la Florida debería poder utilizar autobuses para transportar a los migrantes a otras partes del país, como Delaware, un estado al que Biden llama hogar.
“Es un tanto irónico, pero es cierto”, dijo DeSantis el viernes.
“Si se les enviara a Delaware o a Martha’s Vineyard o a algunos de estos lugares, esa frontera sería asegurada al día siguiente”. Martha’s Vineyard es una isla al sur de Cape Cod, en Massachusetts.
DeSantis y otros republicanos de la Florida han aprovechado durante mucho tiempo la política de inmigración como un tema de cuña política.
Los anuncios del viernes, a los cuales el gobernador enmarcó como una resistencia a las políticas de inmigración de Biden, se suman a una lista de acciones oficiales adoptadas por la administración de DeSantis que se están utilizando para movilizar a la base conservadora mientras el gobernador se prepara para su reelección en 2022.
Pero algunos demócratas ven la propuesta del programa de inmigración financiado por los contribuyentes como otro ejemplo de uso de la mansión del gobernador para impulsar sus ambiciones políticas. “Esto es básicamente $8 millones para su campaña política”, dijo la representante de Orlando Anna Eskamani en reacción a la decisión presupuestaria.
“Hay algunas preocupaciones serias sobre los derechos humanos. ¿Vas a meter a alguien en un vehículo y llevarlo a Delaware? … Los funcionarios estatales no están capacitados para ningún tipo de aplicación de la ley de inmigración”.
Han surgido pocos detalles sobre cómo funcionaría exactamente el programa de inmigración propuesto o cómo el Estado planearía rastrear a los migrantes indocumentados y transportarlos fuera del estado.
La Legislatura de la Florida tendría que aprobar la financiación y los detalles antes de que dicho programa pueda entrar en vigor.
La oficina del gobernador no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre los detalles.
En un comunicado, un portavoz del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que la agencia no aprueba previamente el uso específico de los fondos a los que la Florida está recurriendo para financiar el programa de inmigración.
Pero, añadió el portavoz, la Tesorería supervisa los gastos y espera que los gobiernos devuelvan los fondos mal utilizados si violan los términos de la Regla Final Interina, que dicta el propósito de los fondos federales que se proponen en el presupuesto.
La nueva propuesta se suma a una orden ejecutiva firmada en septiembre en la que DeSantis enlistó al Departamento de Aplicación de la Ley de la Florida (FDLE) para rastrear los vuelos que llegan a Jacksonville y que él ha sugerido que están llenos de “potenciales migrantes ilegales” que han cruzado la frontera sur de Estados Unidos.
El FDLE ha dicho que la información sobre los vuelos no se ha “desarrollado en una investigación criminal”, pero en la conferencia de prensa del viernes, DeSantis y su zar de la seguridad pública, Larry Keefe, sugirieron que las acciones del gobernador “protegerían a las familias” al combatir a los “cárteles criminales y contrabandistas.”
El gobernador dijo a los periodistas que los vuelos se detuvieron hace seis semanas.
En la orden ejecutiva de septiembre, DeSantis también pidió a varias agencias estatales diferentes, como la Agencia para la Administración de la Atención de la Salud (AHCA), investigar y publicar la cantidad de fondos estatales y locales que han gastado en el tratamiento de inmigrantes indocumentados.
La AHCA dijo al Herald el mes pasado que la información se publicaría en su sitio web una vez que la agencia finalice su metodología para calcular los recursos utilizados por el Estado.
Las acciones del gobierno de DeSantis se derivan de la llegada de decenas de miles de migrantes a Del Río, Texas, en septiembre, muchos de los cuales eran haitianos que habían viajado desde diferentes países sudamericanos.
La repentina oleada de personas, justo un mes después de que un mortífero terremoto matara a más de 2,200 personas en el suroeste de Haití, desbordó a los funcionarios de la frontera y provocó una reacción bipartidista sobre el trato inhumano de los migrantes afroamericanos.
Desde hace varios meses, DeSantis ha aparecido en Fox News y ha dado conferencias de prensa en la Florida para hablar de lo que, según él, son vuelos “clandestinos” con migrantes que llegan a la Florida en medio de la noche sin aviso del gobierno federal.
La oficina del gobernador recibió esa información del Departamento de Policía de la Florida, que se ha basado en una fuente “fiable y confidencial” para elaborar una lista de 78 vuelos que han aterrizado en el aeropuerto de Jacksonville.
La fuente, según la secretaria de prensa de DeSantis, Christina Pushaw, trabaja en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Según un documento que el FDLE proporcionó al Herald, los vuelos transportaron un número desconocido de pasajeros entre abril y octubre de 2021.
El Estado no ha confirmado de forma independiente el estatus migratorio o las identidades de ninguno de los pasajeros, pero el gobierno de DeSantis está sugiriendo que son “potenciales migrantes ilegales” y que la información desarrollada por el FDLE es parte de una iniciativa que ayudará al Estado a “entender las amenazas que podrían estar llegando a la Florida, como el tráfico de personas, miembros de pandillas violentas o traficantes de drogas”.
Los expertos en inmigración dicen que los vuelos a los que se refiere DeSantis han sido utilizados durante mucho tiempo por el gobierno federal para reubicar a los solicitantes de asilo y otros migrantes de la frontera.
DeSantis y otros se han centrado en un caso particular en Jacksonville de un migrante hondureño de 24 años, Yery Noel Medina Ulloa, que está acusado de asesinato en segundo grado en la muerte de Francisco Javier Cuellar, de 46 años.
La policía dice que Medina Ulloa, que es indocumentado, mintió inicialmente sobre su nombre y dijo que tenía 17 años, un detalle que según DeSantis es una prueba de que no todos los menores no acompañados son realmente menores.
El viernes, DeSantis sugirió además que no todos los menores deben ser tratados por igual.
“Cuando yo prestaba servicio en Irak, considerábamos que un iraquí de 16 o 17 años era un varón en edad militar”, dijo.
“Son técnicamente menores en ese sentido, pero hay gente que está más avanzada”.
DeSantis ha convertido el caso de Medina Ulloa en un punto álgido en el debate sobre la inmigración, y su oficina ha ayudado a amplificarlo. En la víspera de una conferencia de prensa en la que DeSantis destacó por primera vez el caso de Medina Ulloa, Pushaw envió un correo electrónico a los medios de comunicación de Jacksonville a las 9:30 p.m. invitando a las estaciones de televisión a cubrir la primera comparecencia de Medina Ulloa en la corte.
“Quería avisarles en caso de que quieran cubrir este acontecimiento, porque la comparecencia es mañana, y las cámaras están permitidas en la sala”, dijo Pushaw en el correo electrónico del 3 de noviembre.
El intercambio fue reportado por primera vez por el Florida Times-Union.
DeSantis ya había amenazado con castigar a las empresas de transporte privadas que ayudaron al gobierno federal a transportar a los migrantes a la Florida.
El 9 de noviembre, dijo a Tucker Carlson, de Fox News, que el Estado estaba estudiando cómo “contraatacar a los contratistas”, incluso negándoles “el acceso al mercado de la Florida”, aumentando sus impuestos y creando otros desincentivos.
El viernes, el gobernador pareció cumplir esa promesa y dijo que tiene la intención de dar prioridad a un proyecto de ley que “responsabilice a las entidades privadas que, a sabiendas o imprudentemente, ayuden al gobierno de Biden a reubicar a los inmigrantes ilegales en la Florida”.
Dijo que tiene una lista de empresas que han ayudado al gobierno federal y quiere apuntar a las que están “involucradas en facilitar” la migración ilegal al estado, pero no está claro cómo se definiría eso en un estatuto.
Todavía no se ha presentado ningún proyecto de ley, y cuando se le pidieron detalles sobre la propuesta, la oficina del gobernador publicó un gráfico con viñetas que repiten las amplias declaraciones que el gobernador hizo en la conferencia de prensa.
“No se trata de denunciar, sino de verificar”, dijo el alcalde de Jacksonville, Lenny Curry, durante la conferencia de prensa del viernes.
POR ANA CEBALLOS, BIANCA PADRÓ OCASIO, Y MICHAEL WILNER
Foto: Sum Sentinel
Vía: El Nuevo Herald
