Argentina: ¿por qué la violencia está desatada en Rosario?

Rosario, localidad de un millón de habitantes enclavada en la principal región agrícola de Argentina, convive desde hace una década con una voraz escalada de la violencia urbana, al punto de transformarla en la ciudad más violenta del país.

Con una tasa de 16,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, en 2020 triplicó la media nacional, de 5,3. Dicha cifra se verá superada este año.

Aunque lejos de los números que marcan Tijuana, Caracas o Fortaleza –por citar otras ciudades latinoamericanas con problemas de profunda violencia–, lo que sucede en la urbe más grande de la provincia de Santa Fe sorprende en el contexto argentino, que exhibe estadísticas que lo ubican entre los países más seguros de la región, publica France24.

La situación de Rosario no se explica por una causa única, pero en el debate público suele señalarse al comercio de drogas como principal generador de la violencia.

Lo planteó el propio gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti: “Nos ha superado el narcotráfico”, dijo recientemente en el marco de un nuevo pedido de ayuda al Gobierno central. La simplificación, sin embargo, podría dificultar la comprensión cabal del fenómeno, según explicaron varias de las fuentes consultadas para este artículo.

Imagen de archivo. Personas colocan velas afuera de la Escuela Politécnica durante una vigilia en Rosario, Argentina, el miércoles 1 de noviembre de 2017. © Natacha Pisarenko / AP

“Los homicidios no necesariamente tienen que ver con una lógica de narco criminalidad”, indicó Enrique Font, criminólogo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario. Su visión es compartida por influyentes dirigentes políticos que supieron participar en las carteras de Seguridad, tanto a nivel nacional como provincial.

También por encumbrados representantes del Poder Judicial, como el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Chiappa Pietra: “Estamos ante un escenario complejo, donde se conjugan condiciones geográficas particulares y una importante precariedad institucional”, explicó.

Para Font, la ubicación de la ciudad juega un papel fundamental. Rosario es el principal centro urbano de los agronegocios, actividad que domina la economía argentina. Desde los 29 puertos ubicados en su área metropolitana sale el 40,2% de las exportaciones nacionales.

“Los circuitos ilegales, de armas, de personas y de drogas, siempre se mueven por los corredores donde se mueven las principales cargas legales”, explicó el criminólogo, quien indicó que en esa ciudad “las bandas que manejaron históricamente esos circuitos ilegales fueron siempre muy violentas”.


Simplificar el debate apelando al narcotráfico –entendido como la producción y comercio de drogas a gran escala– permitió a los gobiernos provinciales quitarse de encima parte de la responsabilidad, puesto que según el Código Penal argentino se trata de un delito federal.

En todo caso, son las prácticas de los grupos que administran la venta minorista de drogas la principal causa de la violencia.

“Las problemáticas criminales son mucho más diversificadas. Rosario es una gran urbe, pero los circuitos criminales están bastante concentrados y localizados, y en muchos casos se puede identificar una lógica barrial detrás de los hechos”, aclaró Chiappa Pietra.

El escenario en Rosario dio un vuelco hacia 2013.

En mayo de ese año, tres balazos hirieron de muerte a Claudio ‘Pájaro’ Cantero, quien por ese entonces fungía como líder de la banda ‘Los Monos’, a la que siempre se ponderó como principal protagonista del hampa local.

El suceso desató una lucha por el territorio, convirtiéndose en hito para una fuerte escalada de la violencia, según coincidieron dos dirigentes que participaron activamente en la estructura de los Ejecutivos nacional y provincial -que pidieron preservar su identidad.

“Pasa en todos lados: le pegas a las primeras líneas y empieza la guerra”, describió una de las fuentes.

En paralelo, en 2014 entró en vigencia en Santa Fe un nuevo sistema de enjuiciamiento penal, que al brindar agilidad a los procesos (entre otros aspectos, se reemplazó el expediente papel por audiencias orales y públicas), produjo mayor cantidad de condenas.

La constante reconfiguración de las bandas delictivas –con líderes y segundas líneas presos o asesinados– recrudeció aún más las disputas, que se saldaron a fuerza de sangre y balas.

La mayoría de los asesinatos son cometidos actualmente por sicarios, provenientes de amplias franjas sociales marginadas del mercado de trabajo, para quienes la tarea se convirtió no solo en una salida económica, sino también en una manera de construir identidad.

La actual crisis actúa como caldo de cultivo para la proliferación del fenómeno: según las últimas estadísticas oficiales, en el Gran Rosario el 39,4% de la población es pobre y el 10,6% indigente.

En 2021, la violencia alcanzó nuevos niveles.

El domingo 21 de noviembre, a plena hora de la cena, dos espacios gastronómicos recibieron varios balazos en sus frentes, generando pánico entre los comensales.

Los actos, que no se transformaron en tragedia por puro milagro, se produjeron en el marco de una seguidilla de hechos similares, que se inició con estaciones de servicio y luego con escuelas.

En estas últimas, los sucesos tuvieron lugar en las horas previas al inicio de las elecciones legislativas, celebradas el pasado 14 de noviembre.

“O se comunican con la mafia o siguen las balaceras”, se pudo leer en un cartel dejado por los malhechores.

Si bien los investigadores no lograron desentrañar el motivo de los ataques, el ministro de Seguridad santafesino Jorge Largna los calificó como “operaciones permanentes de intimidación pública”.

Entre 2010 y 2020 Rosario casi duplicó su tasa de homicidios. Las cifras son claras: en ese lapso el guarismo pasó de 9,8 a 16,4, cuando en otras localidades de similares características se mantuvo relativamente estable; desde 2013 nunca más estuvo por debajo de 10.

Al momento de redactar este artículo, todas las estimaciones pronosticaban que 2021 terminaría siendo el tercer año más violento dentro de esta serie histórica.

De las entrevistas mantenidas con las diversas fuentes emerge una palabra que resume las causas y posibles respuestas al problema: policía.

La fuerza encargada de la prevención del delito está “degradada”, “quebrada” y “absolutamente precarizada”, según las palabras elegidas por los interlocutores consultados para esta nota.

Según las fuentes, hasta la primera década del nuevo siglo, la policía santafesina garantizó la paz social, pero ello se quebró diez años atrás.

“Hasta ese momento, más que éxito en la prevención, el Estado lograba niveles tolerables de convivencia con el delito.

En la gestión de esos conflictos, no me cabe dudas que había participación de la policía. Pero a partir de 2013 o 2014, esa policía desapareció, para pasar a ser una fuerza absolutamente atravesada por las lógicas de los mercados criminales”, aseveró el integrante del MPA, el fiscal Luis Chiappa Pietra.

En Argentina, cada uno de sus 24 distritos tiene su propia policía, que actúa con independencia de las fuerzas federales.

La de Santa Fe sufre desde hace tiempo una gran desconfianza, en buena medida debido a su comprobada connivencia con el delito.

Ello generó incontables cambios de cúpulas y exoneraciones, así como también motivó sucesivos pedidos al Gobierno nacional, que entre 2019 y 2021 duplicó la presencia de agentes federales (provenientes de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal). Nada logró erradicar el problema de raíz.

Para todos los interlocutores, el eje principal de salida al conflicto es el fortalecimiento de la institución policial, un objetivo que es fácil enunciar aunque complejo de implementar.

La aplicación de diseños estratégicos –pequeños, pero sostenibles en el tiempo– y el uso de herramientas de seguridad democrática –como el control político de la fuerza– parecen ser un norte posible, para solucionar un problema que desde hace años se apoderó de la cotidianidad de Rosario, una ciudad que supo promocionarse como la Barcelona argentina, pero que hoy teme convertirse en la Sinaloa del Cono Sur.

 

Vía: France24

 

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