Padres y familiares de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, asisten a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplió tres años en el poder el primero de diciembre, la mitad de su mandato.

Durante estos tres años, el país norteamericano suma más de 100.000 asesinatos y terminará 2021 inmerso en una crisis de violencia sin precedentes, según organismos defensores de los derechos humanos.

Una historia lejos de terminar. México se encuentra inmerso en una crisis de derechos humanos con altos índices de violencia e impunidad desde hace más de una década, según detallan organismos defensores de los derechos humanos, publica France24.

Con el incremento de personas desaparecidas y la incapacidad de los funcionarios para atender las miles de denuncias, 2021 cierra como otro año con violencia incontenible, según Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Prodh.

“Los indicadores públicos disponibles así lo confirman, vamos a concluir el 2021 con más de 35.000 homicidios en el año, lo que indica que la violencia no ha cedido y que se mantienen unos niveles muy altos”, explicó Aguirre a la agencia de noticias, Efe.

El defensor agrega que la cantidad de personas desaparecidas “sigue en niveles extraordinariamente altos” y es crítico de la postura del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de culpar a los gobiernos anteriores por la violencia sin atender la crisis a fondo.

Para Aguirre, AMLO “no puede hablar de que las desapariciones, y la violencia, sean solo una herencia del pasado; por el contrario, son una herida del presente, son más de 20.000 desaparecidos en lo que va de esta administración”, que recuerda, comenzó el 1 de diciembre de 2018.

México Evalúa, un centro de análisis, presentó en octubre pasado un informe sobre la impunidad en México.

El centro asegura que 94,8 % de los casos denunciados en ese país quedan impunes como resultado de “un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes”.

Según el informe, las fiscalías del país y sus funcionarios están colapsados y cada vez se pueden abrir menos investigaciones.

“A nivel nacional, existen 11 fiscales, 9 peritos y 14 policías ministeriales por cada 100.000 habitantes, en promedio”, agregaron.

La denuncia coincide con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, la CNB, que afirma que México acumula desde 1964 más de 95.000 personas desaparecidas y no localizadas, la mayoría desde que el estado mexicano declaró la guerra a los carteles de las drogas en 2006.

El 11 de diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón anunció el comienzo de una guerra contra el crimen organizado, que después llamarían “la guerra contra el narcotráfico”.

Según el funcionario, aunque el actual gobierno heredó una crisis de grandes dimensiones, “es cierto también que en lo que va de la actual administración van más de 20.000 desaparecidos y eso ya involucra la responsabilidad de las actuales autoridades”.

Padres y familiares de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, asisten a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, México, 26 de diciembre de 2021.

Padres y familiares de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, asisten a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, México, 26 de diciembre de 2021. © Madla Hartz / EFE

Por su parte, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, afirma que “a tres años de gobierno, esta administración no puede continuar con la narrativa de que arrastra problemas de las administraciones anteriores”.

Aguirre aduce que hay dos factores que han influido en la crisis de violencia y derechos humanos en México desde entonces: La primera es que la justicia no ha hecho los cambios necesarios, “el tránsito de procuradurías a fiscalías ha sido decepcionante”, y no se ha invertido en el ámbito de la procuración de justicia, sobre todo “en los ministerios públicos y fiscalías que es donde verdaderamente está el nudo de impunidad en México”.

Según él, “no termina de entenderse la gravedad de la situación que impera en esas instituciones.

Otro factor que contribuye a que esta crisis no sea revertida es la apuesta por un modelo de seguridad de carácter muy centralista y fuertemente militarizado”.

Para el defensor, la estrategia actual del Gobierno de entregar la seguridad a las Fuerzas armadas, “no está dando los resultados esperados”.

Según él, “el fortalecimiento del protagonismo castrense está ocurriendo sin que existan contrapesos adecuados”, lo que, a su criterio, representa un riesgo de los derechos humanos.

 

Vía: France24

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