Cuba admite que encarceló a cientos de manifestantes del 11 de julio, incluidos menores

Tras negarlo durante meses, las autoridades cubanas reconocieron por primera vez el martes que están procesando legalmente a más de 700 personas que protestaron contra el gobierno en julio pasado, incluidas 55 cubanos entre 16 y 18 años.

Mientras los juicios continúan esta semana, las autoridades también revelaron que 25 menores de 16 años enfrentaron penas como el internamiento en centros a cargo del Ministerio del Interior, y que 28 entre 16 y 18 años se encuentran actualmente en la cárcel.

La admisión se produjo en un comunicado de prensa de la Fiscalía General en respuesta a las intensas críticas de activistas cubanos, familiares y la comunidad internacional por la represión de los manifestantes, publica El Nuevo Herald.

Pero la declaración defendió los juicios, alegando que han cumplido con el debido proceso, y mostró pocos indicios de que las autoridades liberarán o reducirán las sentencias de décadas que enfrentan varios manifestantes.

Cubanos frente al Capitolio de La Habana durante una manifestación contra el gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana, el 11 de julio de 2021 (Yamil Lage / AFP a través de Getty Images / TNS).

Según el comunicado, los fiscales del gobierno han acusado a 790 cubanos en relación con las manifestaciones del 11 de julio.

De ellos, 710 personas han sido acusadas formalmente de cometer vandalismo y otros delitos y ya han sido enviadas a los tribunales para ser juzgadas.

El documento dice que la mayoría de ellas, el 69 por ciento, se encuentran actualmente en la cárcel.

Luego de negar repetidamente que las autoridades hubieran detenido a menores — incluso por parte del canciller de la isla — la Fiscalía General admitió que 55 menores entre 16 y 18 años han sido encausados. La mayoría de edad en Cuba es de 18 años, pero las leyes del país permiten encausar a los mayores de 16 años.

Otros 60 jóvenes de 19 y 20 años también irán a juicio, indica el comunicado.

“Han tratado de negar que hay niños privados de libertad, que es lo que venimos diciendo desde hace bastante tiempo”, dijo Salomé García Bacallao, activista radicada en España de Justicia 11J, un grupo dedicado a documentar los arrestos y los juicios.

“Acaban de reconocer que una cantidad de menores de 18 años están siendo procesados, pero continúan tratándolos como si no fueran niños, lo que contradice la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que firmó Cuba”.

Algunos de estos menores encarcelados, como Rowland Castillo, de 17 años, quien requiere cirugía, están siendo atendidos en hospitales infantiles.

“No puede ser que sean tratados en hospitales pediátricos como niños y, sin embargo, los acusan como adultos”, dijo la activista.

“La juventud realmente protagonizó las manifestaciones, pero la severidad con la que han sido tratados es desproporcionada”, agregó.

A falta de datos oficiales, activistas de Justicia 11J y la organización de asistencia legal Cubalex han estado verificando los arrestos y juicios de los manifestantes rastreando a sus familiares y amigos.

Las organizaciones actualizan regularmente una lista pública que hasta el momento reporta 724 manifestantes en la cárcel.

Los datos publicados el martes demostraron que las preocupaciones de activistas y gobiernos extranjeros no eran infundadas, ya que el número oficial de menores detenidos es incluso mayor que el informado anteriormente por estas organizaciones.

Es probable que el número total de manifestantes detenidos también sea mayor, ya que los casos reportados por la Fiscalía General solo incluyen a los acusados formalmente.

Al igual que Jonathan Torres Farrat, de 17 años, otros manifestantes encarcelados aún esperan cargos.

El comunicado “es un lavado de cara de la dictadura, pero muestra que las organizaciones de derechos humanos hicieron bien su trabajo en Cuba y que sus números eran confiables”, dijo la activista cubana Saily González, que vive en Villa Clara.

“Por fin el oficialismo ha sacado una noticia que puede funcionar para que los medios internacionales acreditados en Cuba, que justificaron que no podían cubrir los juicios porque no tenían cómo verificar la información, contrasten esta información”.

Los familiares de algunos manifestantes han desafiado a las autoridades y se han enfrentado al hostigamiento, multas y arrestos por denunciar la represión ante el mundo.

Los activistas creen que la divulgación de las cifras responde a una mayor presión de la comunidad internacional. La semana pasada, los senadores estadounidenses Bob Menéndez (D-NJ), Marco Rubio (R-FL), Bill Cassidy (R-LA) y Ben Cardin (D-MD) instaron a la recién nombrada directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Catherine Russell, a exigir la liberación inmediata de los menores encarcelados en Cuba por sumarse al levantamiento antigubernamental.

La administración Biden impuso sanciones a varias agencias cubanas de seguridad y funcionarios involucrados en la detención y los juicios contra los manifestantes.

El Departamento de Estado también lanzó una campaña en las redes sociales con el hashtag #PresosPorQué para resaltar los juicios en curso y las duras sentencias.

El subsecretario de Estado Brian Nichols tuiteó la semana pasada que más de 260 manifestantes habían sido juzgados desde el 13 de diciembre, “incluidos adolescentes amenazados con penas de prisión más largas de lo que han estado vivos.

No ignoraremos estas injusticias e instaremos a la comunidad internacional a unirse a nosotros”.

El lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió. “EEUU conoce bien que los actuales procesos judiciales en Cuba se desarrollan con pleno apego a la ley y dentro de estándares internacionalmente aceptados,” dijo.

“Miente para empañar la labor ejemplar de Cuba en la protección a su niñez y justificar medidas coercitivas criminales”.

La represión del gobierno, ordenada por primera vez por  Miguel Díaz-Canel en la televisión estatal ese mismo día, ha generado condena alrededor del mundo.

El octubre pasado, Human Rights Watch publicó un informe que concluyó que el gobierno cubano cometió abusos sistemáticos contra los arrestados como parte de un plan para reprimir la disidencia.

En este y otros informes, Human Rights Watch documentó violaciones al debido proceso en los procesos judiciales.

Las acusaciones de la fiscalía compartidas con los medios de comunicación por los familiares muestran que los testigos suelen ser policías y que algunos de los manifestantes han sido condenados por gritar consignas antigubernamentales o presuntamente arrojar una piedra que no causó lesiones.

Varios familiares también han denunciado que no supieron del paradero de sus seres queridos durante varios días o semanas.

Los videos del levantamiento popular que tomó por sorpresa a las autoridades muestran que las manifestaciones fueron en gran parte pacíficas…..

POR NORA GÁMEZ TORRES

Foto: EFE

Vía: El Nuevo Herald

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