Una reforma penal aumenta las condenas contra las maras en El Salvador

Este jueves, 31 de marzo, entró en vigor, entre otras, la reforma del artículo 345 del Código Penal salvadoreño por la que aumentan de 9 a 45 los años de prisión para los líderes de las pandillas.

La Asamblea Legislativa aprobó este recrudecimiento de las penas en mitad de el régimen de excepción rige desde la madrugada del pasado domingo tras la creciente ola de violencia homicida que se presentó en el país centroamericano en la última semana.

El Salvador recrudeció su guerra contra las pandillas a través de una reforma penal aprobada por la Asamblea Legislativa en la noche del miércoles 30 de marzo y que endurece las condenas contra los pandilleros, publica France24.

El jueves 31 de marzo, tras su publicación en el Diario Oficial, la medida entró en vigor. Esta reforma se da en medio del estado de excepción que rige en el país desde el domingo pasado, cuando el presidente Nayib Bukele lo solicitó al Legislativo en mitad de la peor ola de violencia homicida en los últimos años en la nación centroamericana.

Las nuevas medidas se aprobaron con 76 votos de 84 diputados y el aumento de las penas pretende ser, según las autoridades, un mecanismo de “represión” y “disuasión” para los miembros de las maras (pandillas) salvadoreñas.

También se destinaron 80 millones de dólares para garantizar el rearme de las fuerzas de seguridad y se financió una ley que prevea la entrega de recompensas monetarias para aquellas personas que denuncien y/o entreguen a miembros de las pandillas.

Lo dictado por la Asamblea Legislativa viene a modificar leyes del Código Penal, del Código Procesal Penal, de la Ley Antiterrorismo y de la Ley Penal Juvenil.

De esta manera, los delitos de pertenencia a las pandillas, que se juzgan desde este jueves como agrupaciones ilícitas, se pagarán con penas de 20 a 30 años de prisión mientras que antes de la reforma ese delito estaba tipificado con cargos penales de 3 y 5 años de cárcel.

Para “los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas” de las maras la nueva legislación impone penas de entre 40 y 45 años de cárcel. Anteriormente las penas ascendían entre 6 a 9 años privados de libertad.

Las nuevas reformas también suponen que los menores pertenecientes a las maras pasen a ser juzgados como adultos y se estableció un mecanismo de protección para funcionarios y jueces que investiguen casos relacionados con estas agrupaciones ilegales.

Por otra parte, aquellos pandilleros que se ocupen en tareas de extorsión a civiles y narcotráfico serán castigados con entre 20 y 30 años de prisión y queda eliminada la libertad condicional en relación a delitos como el homicidio.

El Salvador registró el fin de semana entre el 25 y el 27 de marzo 87 homicidios, un número récord de asesinatos en apenas 72 horas y que encendieron las alarmas del Gobierno de Bukele, quien decidió movilizar al Poder Legislativo para decretar el régimen de excepción además de movilizar a las fuerzas de seguridad para proceder con la detención masiva de presuntos pandilleros.

Hasta el miércoles, las autoridades salvadoreñas informaron que se había producido la detención de más de 3.000 de miembros de estas organizaciones, que se sumarían a los más de 16.000 que ya viven en reclusión en los penales del país.

Bukele anunció que las condiciones de los reos en las cárceles iban a ser mucho más aciagas, pues se les iba a encerrar 24 horas por día y además no tendrían ni acceso a productos de higiene ni a las esterillas para dormir, así como se iba a racionalizar la comida previamente existente a la llegada de los nuevos presos.

Las condiciones en las cárceles de la nación centroamericana despertaron nuevamente las críticas de organismos internacionales de derechos humanos, que sostienen que el mandatario salvadoreño estaría vulnerando derechos fundamentales con la imposición de su mano dura.

Según las autoridades de El Salvador, esta ola explosiva de violencia homicida estaría protagonizada por la pandilla que cuenta con mayor presencia en el territorio, la Mara Salvatrucha, también conocida como ‘MS-13’.

Sin embargo, la aplicación de la mano dura del Ejecutivo de Bukele podría significar, para algunos analistas, la demostración de poder y fuerza del mandatario hacia sus fieles.

En septiembre de 2020, el periódico local en línea ‘El Faro’ publicó una investigación en la que se documentaba con material proveniente de organismos públicos que miembros del Gobierno de Bukele se habrían reunido en secreto con líderes encarcelados de la Mara Salvatrucha para pactar un descenso de asesinatos a cambio de beneficios penitenciarios y ayudas en las elecciones legislativas del pasado año.

En esta misma línea se pronunció a finales de 2021 el Departamento de Estado de Estados Unidos cuando publicó un comunicado en el que sancionaba a dos altos cargos del Ejecutivo de Bukele por sus presuntas negociaciones privadas con miembros de estos grupos ilegales.

Este extremo siempre ha sido negado por Nayib Bukele, que sostiene que el descenso de la violencia homicida durante todo su mandato se debe al éxito de su Plan Control Territorial, un mecanismo que facilita la militarización y retoma el control absoluto de los penales.

Hasta ahora, pues los datos de homicidios en la última semana ponen en duda la versión del mandatario, que volvió a implantar la “mano dura” en su guerra, al menos pública, contra las maras como ya hicieran otros presidentes en el pasado con escaso éxito.

Foto: EFE

Vía: France24

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