Perú: Comisión de Fiscalización cambia condición de Castillo de testigo a investigado

Un nuevo revés para el presidente de Perú, Pedro Castillo. Este miércoles 15 de junio, la Comisión de Fiscalización del Congreso cambió la condición del mandatario de testigo a investigado por liderar, supuestamente, “una organización criminal” enquistada en el Estado para obtener “beneficios ilegales” de los contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Estas imputaciones lo colocan como el responsable de organizar la adjudicación de obras a empresarios que colaboraron con su campaña electoral y de nombrar a funcionarios afines a esa tarea.

El objetivo de esta decisión, de acuerdo con Héctor Ventura, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, es que “el jefe de Estado responda las preguntas de la comisión sobre las presuntas irregularidades cometidas durante su Gobierno”, vinculadas a las reuniones en un inmueble en el distrito de Breña, en Lima.

Esto, porque fue citado en tres oportunidades para rendir “una declaración transparente, muy responsable”, pero se negó a hacerlo, publica France24.

El cambio de condición a investigado “nos va a permitir, en su momento, la posibilidad de realizar denuncias penales y constitucionales”, indicó Ventura, ya que el artículo 117 de la Constitución peruana permite que la comisión pueda realizar actos de investigación contra el jefe de Estado, con las facultades que el pleno del Congreso les otorgó.

Finalmente, el legislador fujimorista, en la oposición, manifestó que “todo el país necesita que nuestro primer mandatario responda frente a estas graves acusaciones de presuntos actos de corrupción”.

En caso de ser hallado culpable, las resoluciones deberán ser evaluadas por el Ministerio Público.

En paralelo a esta decisión, el abogado de Castillo, Benji Espinoza, presentó una demanda de “tutela de derechos” para que se anule este proceso.

Espinoza declaró que el fiscal de la Nación no es competente para investigar al presidente, pues este “solo puede ser acusado durante su período por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso, o impedir el funcionamiento de los órganos electorales”.

En efecto, consideró que Castillo ha recibido un “trato discriminatorio” porque a ningún expresidente peruano se le ha abierto investigación mientras duró su mandato.

En contraparte, Samuel Rojas, representante de la Fiscalía de la Nación, explicó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú que si bien “el presidente de la República sólo puede ser investigado por traición a la patria o impedir las elecciones, mientras esté en el cargo”, el Estado también debe cumplir con su labor de “combatir los actos de corrupción”.

Rojas destacó que la investigación contra Castillo “no proviene de una acusación de organización civil, ni de un miembro del Congreso”, sino de información “gestada en investigaciones fiscales” que arrojaron evidencia sobre “la existencia de una organización criminal que maneja el Estado utilizando estas contrataciones para obtener beneficios ilegales”.


En efecto, “esa circunstancia hace necesaria que el Ministerio Público adopte la medida de variar el criterio, dada la gravedad de las imputaciones y los indicios que hacen que esta imputación no sea política”, apuntó Rojas.

De esta manera, Castillo se convirtió en “el primer mandatario del Estado que está llamado a cautelar el interés nacional” al ser “imputado de perpetrar delitos de corrupción de funcionarios.

En esos procesos están actualmente denunciados y con orden de captura el exministro Juan Silva, el ex secretario de la Presidencia Bruno Pacheco y un sobrino de Castillo.

Esto, porque Karelim López y Zamir Villaverde, admitieron ante la Fiscalía haber representado a empresas que ganaron las adjudicaciones.

Los empresarios presentaron audios que revelaron que Villaverde entregó 30.000 soles (unos 8.000 dólares) a Silva para dárselos a Castillo.

Los audios también dieron indicios de que López entregó al jefe de Estado un total de 155.000 soles (unos 41.000 dólares) en el Palacio de Gobierno y en una casa que usó durante la campaña electoral.

Por su parte, el exsecretario de Castillo, Bruno Pacheco, fue imputado por desbalance patrimonial cuatro meses después de asumir ese cargo y luego de que la fiscalía encontrara 20.000 dólares ocultos en el baño de su oficina.

Pedro Castillo ha protagonizado varios escándalos desde que inició su mandato, el pasado 28 de julio de 2021. El mandatario se ha enfrentado a dos mociones de vacancia, aunque ninguna ha prosperado.

Según un estudio realizado a principios de mes por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI), el 71,4% de los peruanos desaprueba la gestión Castillo.

El mismo análisis reveló que en Lima, donde vive un tercio de la población nacional, el mandatario sólo tiene 7,9 % de respaldo.

Entretanto, el Congreso inició el trámite para destituir e inhabilitar a Dina Boluarte, vicepresidenta del país andino, por infracción de la Constitución y presunta comisión de una serie de delitos.

Foto: Reuters

Vía: France24

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