España está en conversaciones con el régimen de La Habana acerca del caso del preso político Mario Prieto Ricardo, cubano con nacionalidad española, condenado por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Holguín.
“El Consulado español está llevando a cabo las gestiones oportunas y se encuentra en contacto con las autoridades correspondientes”, respondió un portavoz de la Oficina de Información Diplomática a una llamada telefónica del diario 14ymedio.
Prieto Ricardo viajó a Cuba en marzo de 2020, pero el cierre de fronteras por la pandemia le impidió regresar a su domicilio en Estados Unidos.
El 11 de julio salió a las calles de Holguín a manifestarse contra la falta de libertades. El 23 de julio la Policía lo detuvo, publica Radio TV Martí.
@sanchezcastejon @desdelamoncloa
¿Qué vais a hacer para liberar a este hombre español, Mario Josué Prieto Ricardo, encarcelado en Cuba?https://t.co/f24YrA54Up— Cutty Sark ?? (@CuttySark4) September 18, 2022
El joven, de 27 años, fue condenado a 12 años de privación de libertad por el delito de sedición.
Sus padres, preocupados por su salud, enviaron una carta al Ministerio de Exteriores de España para pedirle que ejerciera presión internacional.
En declaraciones a nuestra redacción, Mario Prieto López y Niurka Ricardo Hidalgo afirmaron:
“Ninguna autoridad de España nos ha contactado ni dado respuesta sobre las denuncias que hemos hecho ni que nos ayuden a repatriar a nuestro hijo para España.
Igual hoy me pase el día en la prisión teniendo una entrevista con la doctora, pues mi hijo está hospitalizado desde el sábado con dolores de cabeza visión borrosa del ojo derecho y mucha depresión”.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, lo ha incluido en la lista de presos políticos con situaciones de riesgo preocupantes.
“Nosotros hemos estado apoyando a la familia de Mario Josué en su denuncia a nivel internacional y también en las gestiones en España. Hemos hecho llegar a las autoridades españolas toda la documentación relacionada con el caso e incluso un análisis jurídico sobre el proceso judicial”, dijo a Radio Televisión Martí, Yaxis Cires, director de Estrategia del Observatorio.
“Hemos visto en los últimos días que este caso ha suscitado interés en los medios de comunicación españoles y confiamos en que las autoridades españolas, el Gobierno español esté, en realidad, haciendo gestiones, aunque, hasta ahora, no hemos sido informados.
Desde luego esto es una cuestión que se realiza con una discreción propia de las gestiones diplomáticas y no queremos pecar de optimistas, pero si confiamos en que están haciendo las gestiones, porque aunque se apliquen las leyes cubanas, el Estado español no puede renunciar a proteger de manera diplomática, de manera efectiva, a este ciudadano español, máxime cuando hay una situación tan grave de salud y cuando su condena es producto de un proceso judicial lleno de violaciones a los derechos humanos”, recalcó Cires.
En un comunicado de prensa reciente, el Observatorio advirtió que “si bien el régimen cubano aplica el principio de ciudadanía efectiva, eso no impide que las autoridades españolas intervengan”.
El 10 de septiembre, el Secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el español en el Mundo, Juan Fernández Trigo, informó en un twitter:
?El Viceministro Primero de Relaciones Exteriores de #Cuba, @GerardoPPortal, sostuvo un encuentro con Juan Fernández Trigo, secretario de Estado para #Iberoamérica y el #Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de España??. pic.twitter.com/WtVvFk9cIW
— Cubavisión Internacional (@CVInternacional) September 9, 2022
“En mi reunión con el Viceministro Primero de Relaciones Exteriores @GerardoPPortal abordamos la situación política, la importancia de la inversión española en #Cuba, cuestiones consulares y culturales. También tuve la oportunidad de interesarme por algunas personas detenidas”.
“Aunque no dice el nombre de quienes son esos ‘detenidos’ esperamos que Mario Josué sea uno de ellos”, señaló Cires.
La ley española obliga a las autoridades a prestar atención “a la ciudadanía española que haya sido víctima de delitos de lesa humanidad en procesos de represión política” por parte de otros gobiernos.
Foto: @FRJCuba
Vía: Radio TV Martí
